Cristina Gavancho León - Ideeleradio
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Valoración de la CIDH

Ideeleradio.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado peruano que adopte las medidas necesarias para salvaguardar la vida de las familias de la comunidad nativa kichwa Santa Rosillo de Yanayacu, ubicada en el distrito de Huimbayoc, provincia y región de San Martín, dijo Cristina Gavancho, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Fue al referirse a la decisión de la CIDH de otorgar una medida cautelar al considerar que los comuneros se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.

“A la CIDH le tomó un poco más de tres meses para resolver la petición y sí podríamos decir que es una resolución de medidas cautelares que ha sido de alguna manera comunicada y resuelta en un tiempo mucho más corto del usualmente atendido siempre por la CIDH”, dijo en diálogo con Ideeleradio.

“Creo que la CIDH valoró positivamente justamente todo ese trabajo de defensa de derechos humanos que venía siendo la comunidad Santa Rosillo a través de su líder, el apu Quinto Inuma, y, por ello, ha adoptado una serie de medidas”, expuso.

Salvaguardar la vida

Gavancho León precisó que la CIDH pidió al Estado que adopte las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad de las personas beneficiarias —es decir, más de 20 comuneros que están refugiados en la ciudad de Tarapoto— y permitirles volver a su comunidad.

“Entre estas, solicita en forma concreta el Estado peruano, de conformidad al artículo 25 del reglamento de la CIDH, que adopte las medidas necesarias y, sobre todo, culturalmente adecuadas para salvaguardar la vida e integridad de las personas beneficiarias, identificando a estas como el colectivo de comuneros que integran la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, siendo estas indispensables para garantizar, sobre todo, su retorno seguro a la comunidad de donde pertenecen”, manifestó.

“Debemos señalar que en el contexto del asesinato del apu Quinto Inuma un aproximado de más de 20 comuneros están refugiados en la ciudad de Tarapoto y la CIDH ha dado cuenta de la necesidad de que las medidas de protección que se adopten tienen que permitirles volver a su comunidad, y eso también es trascendente para evitar el tema de la pérdida del tejido social en la comunidad y el tema del liderazgo y el trabajo que ellos vienen haciendo a lo largo de estos años para la defensa y reconocimiento de su territorio”, precisó.

La abogada señaló, asimismo, que el Estado debe informar a la CIDH sobre las acciones que van a adoptar para cumplir con lo dispuesto en la medida cautelar.

“Asimismo, también, exigen, pues, que se informen sobre aquellas medidas que van a adoptar para cumplir las disposiciones de las medidas cautelares referidas a la protección efectiva a los beneficiarios integrantes de la Comunidad de San Rosillo de Yanayacu que siempre tienen que estar concertadas y coordinadas con las autoridades de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, que son las personas beneficiarias y sus representantes”, indicó.

Continuo riesgo

Explicó que la CIDH tomó la decisión al evaluar el continuo riesgo de los comuneros de la comunidad nativa de Santa Rosillo de Yanayacu, tras el caso del apu Quinto Inuma Alvarado, quien fue asesinado el 29 de noviembre del 2023.

“Valgan verdades esto demuestra, en primer lugar, la importancia del caso por parte de los miembros de la CIDH al momento de evaluar la atención oportuna de la medida y resulta relevante, porque debemos señalar que el contexto sobre la cual se ha interpuesto es justamente el tema del continuo riesgo de los comuneros de la comunidad nativa de Santa Rosillo de Yanayacu, quienes fueron liderados por su apu Quinto Inuma Alvarado, que fue asesinado en noviembre del año pasado, pese a que él levantó todas las alertas, estaba dentro del mecanismo intersectorial para las personas defensoras de derechos humanos que de alguna manera coordina el ministro de Justicia”, detalló.

“Y pese a todas las alertas que había comunicado a la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2018, al Congreso de la República, a los ministerios actuales, autoridades también del sistema universal, relatores y Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial nunca tuvo al final ninguna medida de protección efectiva, terminó, pues, en su asesinato”, añadió.

Mecanismo intersectorial

Finalmente, afirmó que el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos no tiene medidas efectivas al momento en que se requiere salvaguardar la integridad de los líderes indígenas.

“Creo que la importancia tal es de la medida cautelar qué hace un análisis de que el riesgo latente en el que vive los defensores de derechos humanos y más los defensores indígenas, puesto que el mecanismo, pues, en forma concreta no tiene medidas efectivas al momento de la protección real a los defensores y, sobre todo las falencias de la Policía Nacional del Perú”, expuso.

“Siempre al momento de justificar esta ausencia y esta falta de atención de todas las medidas de protección de aquellas personas defensoras que en el caso del apu Quinto y en el caso de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu defienden su territorio, exige la titulación de su territorio y defienden los bosques, la biodiversidad que está presente en su territorio, al final no son atendidos y, pues, terminan con problemas estructurales, tal es el caso de Santa Rosillo, como la ausencia de su titulación por un conflicto que se presenta dentro de un espacio donde encima hay presencia de economías ilegales, como tala ilegal, narcotráfico y tráfico de tierras”, declaró.

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