César Ipenza - Tribunal Constitucional (Fotos: Ideeleradio)
César Ipenza - Tribunal Constitucional (Fotos: Ideeleradio)

Test de proporcionalidad

Ideeleradio.- Esperamos que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie en las próximas semanas en torno al pedido que se ha formulado para que se defina cuáles son los límites del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), dijo César Ipenza, abogado especializado en delitos ambientales, tras cuestionar la posibilidad de que se extienda el plazo de este proceso.

Fue al recordar la audiencia del TC del 5 de noviembre del 2024 en que se analizó la demanda de inconstitucionalidad, presentada por el Colegio de Abogados de Loreto, contra la ley que extiende el Reinfo, y en la que se pide que se declare inconstitucional el artículo 2 de la Ley 31388, que prorroga la vigencia del plazo.

“Hemos visto durante la audiencia [del TC] claramente que hay una afectación fundamental a derecho. En el test de proporcionalidad se evidencia una vulneración tremenda al derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, hay una evidencia clara de la afectación y de la destrucción de la Amazonía con este tipo de iniciativas que el Congreso pretende aprobar, y esperamos que las próximas semanas el TC se manifieste. La audiencia ha sido el 4 de noviembre último, y toca esperar”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Entonces, simplemente esperar la mayor disposición y el convencimiento de los argumentos que hemos planteado no solamente nosotros los abogados demandantes, sino también el relator de Naciones Unidas para las sustancias tóxicas, el doctor Marcos Orellana, ha mostrado un informe jurídico donde muestra que este mecanismo del Reinfo vulnera derechos fundamentales y, sobre todo, para la sociedad peruana”, añadió.

Garante de la legalidad

Consideró, en ese sentido, que el TC debería pronunciarse en su calidad de garante de la legalidad y del respeto a la Constitución, tras la evidencia entregada y explicitada durante la audiencia.

“Creo que lo último que podemos dejar de pensar es en el rol que tienen nuestras autoridades. Creo que nuestro máximo tribunal, el Tribunal Constitucional tiene un rol garantista de la legalidad, del respeto a nuestra Constitución y la evidencia es muy concreta: este tipo de iniciativas, este proceso de formalización diezma a la población, no permite ese derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado y ojo también los dirigentes”, indicó.

“Concretamente decimos en la demanda que este proceso de formalización tal cual está afecta derechos fundamentales: el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado recogido en nuestra Constitución en el artículo 2, numeral 22, y, por otro lado, la Constitución ordena que el Estado promueva el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada, y esta legislación de ninguna manera promueve el desarrollo sostenible porque lo que se está haciendo es diezmar nuestros bosques, facilitar el acoso y la matanza de líderes indígenas y defensores ambientales”, puntualizó.

En otro momento, cuestionó los argumentos que el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse esbozó durante la audiencia del Tribunal Constitucional.

“Hemos pedido concretamente al Tribunal Constitucional que diga cuáles son los límites de esa formalización y también escuchaba sus argumentos del magistrado Gutiérrez Ticse que también, para mí, adelantó opinión durante la audiencia a favor de los mineros informales concretamente, y uno se queda sorprendido de todo lo que ello representa también, nuestras máximas autoridades que debieran tener un análisis más jurídico”, señaló.

Límites a la formalización

Ipenza Peralta enfatizó, por otra parte, que el proceso de formalización minera lleva ya 22 años de existencia, y que, por tanto, no puede haber un plazo extraordinario de trámite ante el Reinfo.

“Entonces, ya desde hace tres años yo venía discutiendo la necesidad de llevar esto a un tema constitucional, y es así que el año pasado presentamos una demanda representando al Colegio de Abogados de Loreto, solicitando que el Tribunal defina cuáles son los límites a la formalización”, expuso.

“El Reinfo no ha funcionado concretamente, vemos el universo de mineros o de inscritos, eran cerca de 86 mil inscritos en el en el Reinfo actualmente, que la directora de Formalización nos dice que representan a 56 mil personas. De esas 56 mil personas, solo 20 mil mantienen el Reinfo vigente y dos mil personas han logrado la formalización”, detalló.

No puede ser eterno

Finalmente, reiteró que el proceso de formalización no puede ser eterno, pues lo que existe hoy es un mecanismo de flexibilización permanente que permite operar a este sector informal sin ninguna sanción ni fiscalización por parte de las autoridades de la Policía y la Fiscalía.

“No podemos seguir en un eterno proceso y lo que ya hemos visto: se determina el plazo y nuevamente la movilización, la presión social hace que se extienda esto y no estemos viendo elementos de sostenibilidad o pensando en el futuro o un desarrollo integral, simplemente la excusa de conseguir trabajo, conseguir fuente de empleo, pero en las peores condiciones”, declaró.

“Y yo llevaría también esto a decir: ¿quién es verdaderamente quien financia la movilización?, ¿son verdaderamente pequeños mineros que con la suya se movilizan o hay una fuente de financiamiento que entrega dinero en efectivo para poder llevarlos y para generar presión en distintos momentos, y consigan lo que aspiran siempre: un mecanismo de flexibilización permanente, un mecanismo que les permite operar sin ninguna sanción, sin ningún mecanismo de fiscalización y eso es lo que hemos tenido en el tiempo”, subrayó.

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