María Ysabel Cedano - Ideeleradio
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Idoneidad de los magistrados

Ideeleradio.- El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, debe pronunciarse en torno al caso de Arlette Contreras, quien fue golpeada y arrastrada de los cabellos en un hotel de Ayacucho, y disponer que se investigue a los magistrados que absolvieron a Adriano Pozo, dijo María Ysabel Cedano, directora del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus).

“Nosotros hemos salido a exigir que el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, se pronuncie no para que corrija una sentencia que judicialmente ya está dada, sino para que se actúen todos los mecanismos de investigación que existan para que estos magistrados sean sancionados”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Consideró que el presidente del Poder Judicial debería, además, asumir mecanismos de coordinación con el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), para que se elija mejor a los jueces que ingresan al sistema de administración de justicia.

“Estamos haciendo eco de lo que Arlette Contreras, la persona perjudicada, pero que a su vez encarna como caso emblemático a todas las mujeres, niñas, adolescentes, con tentativas de feminicidio que acuden al sistema de justicia y que no la reciben, no la obtienen”, refirió.

“Estamos exigiendo que el presidente del Poder Judicial tome el liderazgo para coordinar, no solo con el fiscal de la Nación o con el jefe del Instituto de Medicina Legal (IML), sino también con quienes manejan el CNM. Ellos son los que tienen que garantizar la idoneidad de los magistrados no solo con enfoque de género, derechos humanos, sino que no se presten a la corrupción que existe en este país”, aseveró.

Vicios e irregularidades

Remarcó que la indignación es total, porque las abogadas de Demus han hecho un estudio de la sentencia que absuelve a Adriano Pozo, y que su análisis encuentra una serie de vicios e irregularidades y una falta de valoración de la prueba.

“Es lamentable que el control político y la corrupción tomen la justicia para que esté al servicio de los poderes de facto, de los poderes políticos, del poder de una familia influyente económica y políticamente en Ayacucho, porque de otra manera no se explica la sentencia que acaba de ser dada por el Poder Judicial”, mencionó.

“[La sentencia] está plagada de irregularidades en la valoración probatoria, en términos jurídicos, pero también es evidencia de una serie de irregularidades y sospecha de corrupción en el Instituto de Medicina Legal, en la actuación del Ministerio Público y que exige que pidamos cuentas”, señaló.

Enfatizó que es importante que la ciudadanía conozca que un testimonio verosímil y consistente debe ser valorado como prueba, porque es un derecho adquirido desde el 2005, por el acuerdo de la Corte Suprema.

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