Álvaro Másquez - Ideeleradio
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Dos posibilidades

Ideeleradio.- Los nueve años de proceso sin una sentencia firme hacen necesaria la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que sin duda es una opción que tendrán que evaluar la defensa técnica y los familiares de los cuatro dirigentes indígenas del pueblo asháninka Alto Tamaya-Saweto que fueron asesinados el 2014, opinó Álvaro Másquez, integrante del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Digamos, en este momento, los familiares de las víctimas y la defensa técnica de las víctimas tienen dos posibilidades. Por un lado, continuar con el proceso penal que se viene llevando a cabo en nuestro país, y la segunda es acudir a instancias internacionales para que sean esas instancias quienes determinen los errores en que ha incurrido el Estado peruano, la investigación y sanción de este caso”, explicó en diálogo con Ideeleradio.

“A estas alturas, sin embargo, considero que existe una segunda posibilidad que tiene que ver con acudir al Sistema Interamericano, no solamente en vía de medidas cautelares, porque hay, sin duda, riesgos contra la vida de las personas, sobre todo los familiares de las víctimas que están ahora mismo denunciando no solamente lo que pasó en el año 2014, sino sobre todo denunciando las irregularidades que ocurren en el sistema de justicia y como la plaga de las economías ilegales continúa azotando Alto Tamaya-Saweto”, apuntó.

Un exceso prolongado

El responsable del Observatorio para Defensores Indígenas de Derechos Humanos del Instituto de Defensa Legal (IDL) consideró, en ese sentido, que en este caso ya se ha configurado por lo menos algunas de las consideraciones que tiene la Comisión Interamericana para recibir casos excepcionalmente, cuando no se ha agotado la jurisdicción interna.

“¿Qué quiere decir esto? El Sistema Interamericano es subsidiario, es decir, que asume competencias cuando falla el Estado peruano, cuando se agotan las instancias internas y pueden acudir en auxilio de las víctimas”, señaló.

“En este caso, aún hay muchos años por litigar, pero excepcionalmente el Sistema Interamericano, donde pertenece la Comisión y la Corte, permite recibir casos cuando ha transcurrido un largo tiempo, un exceso prolongado e injustificado del tiempo que amerita la intervención de un organismo internacional, por un lugar”, expuso.

Condiciones mínimas

Másquez Salvador comentó, además, que la CIDH podría ver un caso, cuando el sistema de justicia no da demostrado tener las condiciones mínimas para darle seguridad y confianza a la población.

“Y, por el otro, cuando el sistema de Justicia no da demostrado tener las condiciones mínimas para darle seguridad y confianza a la ciudadanía. Esto pasaba mucho en la época de Alberto Fujimori. No se confiaba en el sistema de justicia y la Comisión ha aceptado casos que no habían terminado de litigar en el Perú, pero que todos sabíamos en los tiempos de Fujimori y Montesinos cómo terminaban los procesos judiciales”, mencionó.

Remarcó que el tiempo que ha demorado el proceso sin contar con una sentencia firme hacen necesaria la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Entonces, por lo menos una de estas dos características, a nuestro juicio, se cumple. Sin perjuicio de que el entorno de la independencia judicial está en peligro nuestro país, por lo menos podemos decir que los nueve años de proceso sin una sentencia firme hacen necesaria la intervención de la Comisión Interamericana, que sin duda es una opción que tendrán que evaluar los familiares de las víctimas en su defensa técnica”, argumentó

El sistema de justicia

El integrante del IDL remarcó, asimismo, que la decisión del Poder Judicial que anula la sentencia impuesta a los acusados del asesinato de los cuatro dirigentes de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto es una falla estructural de todo el sistema de justicia.

“Por lo pronto, lo que queda claro, en uno u otro escenario, es que aquí no solamente han fallado los jueces de Ucayali, en el sentido de que no solo se han equivocado los jueces de primera y segunda instancia en Ucayali por todos los problemas que han tenido al momento de resolver este caso”, opinó.

“No solo [este] ha fallado, pero sobre todo ha fallado el Ministerio Público, la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado de Coronel Portillo, que llevó este caso con muchísimas irregularidades que ha advertido a la defensa técnica, sino que ha fallado la justicia peruana en su conjunto”, enfatizó.

Finalmente, el investigador del Área de Pueblos Indígenas del IDL resaltó que la defensa técnica de las víctimas haya señalado que van a luchar durante el proceso judicial, en la vía interna.

“La defensa técnica de las víctimas ha dicho que volverán a la primera instancia, lucharán lo que corresponda, y, luego, apelarán si es que el fallo es adverso; es decir, continuarán con el proceso penal ordinario”, puntualizó.

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