Zoraida Ávalos (Foto: Ideeleradio)
Zoraida Ávalos (Foto: Ideeleradio)

De actuación inmediata

Ideeleradio.- Mi retorno al Ministerio Público no debe pasar de esta semana, porque lo que hay es una tutela de derecho de urgencia, sostuvo la fiscal suprema Zoraida Ávalos, al referirse a la decisión de la Tercera Sala Constitucional de Lima que ordenó su reincorporación, tras declarar fundada en parte la demanda de amparo que presentó contra la inhabilitación que dispuso el Congreso el 21 de junio del 2023.

“Todavía [no se ha hecha efectiva la resolución]. Si bien es cierto, el artículo 26 del Código Procesal Constitucional establece que, cuando hay una sentencia estimatoria en primera instancia, esta es de actuación inmediata, pero, el juez tiene que ver dos detalles, que esta decisión no cause una situación irreversible y no vaya a causar un daño desproporcionado”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Por eso, el 14 [de mayo] que se expide la resolución, al día siguiente, el 15, mi defensa legal, presenta este documento, porque no estoy en ninguno de esos dos supuestos. Como ustedes saben, yo no fui destituida, mi plaza no ha sido ocupada. Mi plaza está ahí porque mi título está incólume”, precisó.

En estos días

Ávalos Rivera explicó que lo que corresponde procedimentalmente es que el tribunal emita un auto de actuación inmediata y notificarlo al fiscal de la nación, Juan Carlos Villena. Estimó que su reposición debe ocurrir en estos días.

“La plaza solamente está encargada, así que yo calculo que en estos días debe estar saliendo ya un auto de actuación inmediata que debe ser notificado al fiscal de la nación. Y entiendo que debe ser ya, porque es de público conocimiento que esta sentencia ha demorado cinco meses para ser expedida. Entonces, esta es una tutela de derecho de urgencia. Entonces, calculo que no debe pasar esta semana”, señaló.

“Según la Constitución, ¿quién nombra a los magistrados?, la Junta Nacional de Justicia; ¿quién los puede destituir?, la Junta Nacional de Justicia por alguna causa grave, un hecho o un proceso disciplinario, que te hayan probado un hecho grave. Yo no he sido destituida. A mí no me han encontrado actos de corrupción. A mí me han inhabilitado por un juicio político que presentó el Congreso en contra mía”, apuntó.

Una aberración jurídica

Consideró, finalmente, que la inhabilitación que dispuso el Parlamento es una aberración jurídica, porque se criminalizó un criterio jurídico y funcional. Explicó que la sentencia expedida por el Poder Judicial advirtió que la decisión no fue una motivada.

“Un juicio político que, como bien dice esta sentencia, no han probado, no han podido comprobar cómo fue que yo infraccioné la Constitución. Por eso se ve que en la sentencia dice que no hay una conexión lógica entre los hechos, la conducta atribuida y cuál es la infracción que yo habría cometido, porque no basta decir que la doctora infraccionó el artículo 159, inciso 4 de la Constitución. [La sentencia le dice al Congreso] argumenta, motiva y es lo que no han hecho”, manifestó.

“A todas luces, creo que ha quedado probado, evidenciado ante la comunidad, cómo se tramitó mi inhabilitación. Según [Jaime] Villanueva era un tema de vida o muerte para ellos. En realidad, no fue una cuestión no fue una cuestión de tema jurídico, fue un tema eminentemente político. Yo creo que se cometió una aberración jurídica porque se criminalizó un criterio jurídico, un criterio funcional. Y ellos no pueden atribuirse interpretar criterios funcionales”, puntualizó.

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