Yván Montoya - Ideeleradio

 

Casos MTC, biodiesel y MVCS

Ideeleradio.- “Hay tres casos que tienen elementos solventes para un juicio oral y con altas probabilidades de una condena al propio presidente”, opinó Yván Montoya, exintegrante de la Procuraduría Ad hoc, al referirse a los casos Puente Tarata III, compra de biodiesel, y el relacionado al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

“Esas tres [investigaciones], me parecen, están cargadas no solo de referencias testimoniales o de los colaboradores. Hay reuniones del propio presidente con el beneficiado, con el que hace la concesión, hay audios, hay decisiones de reuniones en otros lugares, hay identificación de quienes son los que son como cómplices del hecho, hay informes de Contraloría”, refirió en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Si yo con esos elementos comparo con el estándar con que la Corte Suprema condena, yo creería esos tres casos tienen elementos solventes para un juicio oral y con altas probabilidades de una condena al propio presidente”, anotó.

Imputación fuerte

Montoya Vivanco consideró, en ese sentido, que le parece que en esos tres casos hay una imputación fuerte y elementos como para que el Ministerio Público investigue.

“[…] La imputación fuerte son los tres hechos, esa sí me parece muy fuerte de la denuncia fiscal: los casos de Puente Tarata, el caso del biodiesel y el caso de todo el Ministerio de Vivienda, la derivación de los proyectos a su zona”, precisó.

“Entonces, más allá de la [imputación de] organización criminal, esos tres casos me develan una intervención del presidente muy fuerte y hay razones para considerar que, efectivamente, ha tenido prácticas, al menos en esos tres casos, reiteradas de involucramiento de corrupción. Me parece que hay elementos como para esa atribución. Ahora, el segundo nivel es lo que decide la Fiscalía”, manifestó.

Un poco débil

El exprocurador consideró, en otro momento, que es “un poco débil” la parte de la denuncia constitucional contra Pedro Castillo que señala la presunta comisión del delito de organización criminal, por la forma en que se presenta este tema en el documento enviado al Congreso.

“En la parte de organización criminal, yo la vi un poco débil, la construcción, sobre todo, de la estructura de la organización que no quiero decir que no la haya. Yo creo que incluso hay material para ello, pero la forma cómo la presenta, y sobre todo tipo de elementos probatorios, ahí sí está cargado de referencias a colaboradores, colaboradores, colaboradores”, declaró.

“Entonces, la impresión que deja, tal vez sea impresión de mi lectura rápida, pero es que la parte de organización criminal es un poco débil, sobre todo con el nivel de adjuntar preponderantemente elementos vinculados solo a referencias de colaboradores. No digo solo, hay elementos documentales, pero parece muy preponderante la versión de los colaboradores. Yo creo que había razones para llevar elementos documentales al tema de la propia organización criminal”, acotó.

Dos niveles

Montoya Vivanco dijo, finalmente, que él distingue dos niveles en la denuncia constitucional que presentó la Fiscalía de la Nación contra el mandatario. Explicó que un primer nivel está referido a la consistencia de las imputaciones penales; y el segundo, al pedido que formula al Parlamento.

“Leí las trescientas y tantas páginas que tiene esa denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, y hay que distinguir dos niveles. El contenido penal de esa denuncia, o sea, lo que es más o menos un resumen de tres de los casos más importantes que hasta ese momento la Fiscalía de la Nación ha considerado, las ha condensado, es decir, la consistencia de las imputaciones penales que contiene esa denuncia. Eso es un primer nivel. El segundo nivel es el de la decisión: a partir de ahí [el MP] pide al Congreso, a través de una denuncia constitucional, que se pronuncie de una manera sui generis, […] siendo consciente de los impedimentos que existen”, explicó.

“Entonces, son dos niveles. El primero es en el que puedo tener un poquito más de convicción. Creo que la primera parte es una descripción fuerte sobre el nivel de obstáculos procesales que se han vertido desde el Ejecutivo en las investigaciones. Han sido muchos obstáculos colocados a la investigación. Eso lo pone en primer lugar, como para decir es parte de la justificación, luego de presentar esto ante el Congreso. […] Eso es lo que marca primero”, puntualizó.

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