Wilmer Quiroz - Ideeleradio
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Medidas de protección

Ideeleradio.- Si persistiese la inacción del Estado en la investigación del asesinato de Quinto Inuma Alvarado o en la protección de sus parientes, tendremos que recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, anunció Wilmer Quiroz, abogado de la familia de dicho defensor ambiental y apu de la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu.

“Ante la inacción del Estado, en realidad hemos tratado de entrevistarnos con los responsables a cargo de la investigación. Nos hemos entrevistado con la Defensoría del Pueblo, nos hemos entrevistado con el alto comisionado de las Naciones Unidas y también con la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República, a efectos de que puedan requerir y exigir que el Estado pueda cumplir, pues, con el acceso a la justicia a la familia de Quinto Inuma”, informó en diálogo con No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Con todos los parámetros y las omisiones que tiene el Estado en relación al mismo, así también tendremos que recurrir a la vía internacional a efectos de que, si no es el Estado propiamente que no pueda garantizar, pues el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tendrá que obligar al Estado peruano a señalar ciertas medidas de protección de manera efectiva e inmediata”, apuntó.

La comunidad internacional

Quiroz Calli subrayó que hay una responsabilidad que tiene el Estado ante la comunidad internacional, pues un defensor ambiental fue asesinado, pese a contar desde el 2021 con una resolución directoral que aprobó su solicitud de alerta temprana de defensor de derechos humanos.

“Y, además, la responsabilidad no solamente es con el país, sino ante la comunidad internacional. O sea, la responsabilidad del Estado es grave en relación al apu Quinto Inuma. No lo protegieron. El apu Quinto Inuma constantemente decía que lo estaban amenazando. Él ha presentado cerca de dos decenas de denuncias en las cuales la fiscalía medioambiental de Tarapoto no ha realizado las diligencias, y ahora, cuando lo asesinan, tampoco continúan con las investigaciones”, indicó.

“Nosotros vemos una actitud, digamos, omisiva, una actitud pasiva del Ministerio Público en relación a los hechos que ha denunciado el apu Quinto Inuma, no solamente en la fiscalía medioambiental, sino también la fiscalía de tráfico ilícito de dogas, en donde da a conocer estos actos ilícitos que se están dando en la comunidad y que precisan protección inmediata de la autoridad, pero lamentablemente han tenido que cegar la vida del apu Quinto Inuma y ni aun así reacciona el Ministerio Público para poder determinar las investigaciones necesarias y la sanción a los responsables de estos hechos tan graves”, refirió.

El abogado dijo esperar que el Ministerio Público cumpla con su función constitucional de resguardar el principio de legalidad y ser el titular de la acción penal.

“Han estado esperando el pronunciamiento del Estado y este pronunciamiento hasta la fecha no ha llegado. Por eso es que nosotros exhortamos y requerimos a que el Ministerio Público pueda hacer efectivo la obligación estatal que le precisan la Constitución Política del Estado y en la Ley Orgánica del Ministerio Público, que es, pues, resguardar el principio de legalidad y comprarse el rol de señalarse que es el titular de la acción penal y el defensor de la legalidad”, enfatizó.

La familia

El letrado mencionó, finalmente, que el Estado debe tomar en cuenta la situación de la familia de Inuma Alvarado, quienes tuvieron que dejar su vida en Santa Rosillo para dirigirse a Tarapoto, San Martín.

“El Estado simplemente los ha trasladado desde su comunidad de origen hasta Tarapoto, los deja ahí y dice, bueno pues continúan las investigaciones y ustedes se quedan aquí. No es así. No es solamente trasladarlo, los están desarraigando de su comunidad, los están desarraigando de sus costumbres, del lugar de donde viven, de sus actividades diarias. Ellos están preocupados por sus animales, por sus chacras, porque es su forma de vida. Hay que entender el contexto en que vive una comunidad indígena y no simplemente, es decir, bueno, estás inseguro a ti, te llevo aquí, te dejo aquí y ya bueno, ya veremos en adelante”, manifestó.

“Yo creo que el Estado debe de cumplir debidamente con la protección a estas familias y principalmente a la familia de Quinto Inuma, porque tiene una deuda grande, porque si ellos [el Estado] hubieran hecho caso, Quinto Inuma estuviera vivo ahorita, Quinto Inuma hubiera estado a cargo de su familia”, agregó.

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