Víctor Cubas - Patricia Chirinos (Fotos: Ideeleradio - Congreso)

 

El poder tiene límites

Ideeleradio.- La moción de orden del día que presentó la legisladora Patricia Chirinos en la que plantea la remoción de todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) “es un exceso que no se puede permitir en un Estado derecho”, dijo el exfiscal Víctor Cubas.

Fue al referirse al documento firmado por la legisladora de Avanza País que plantea remover a Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Humberto de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello, entre otras consideraciones por emitir el comunicado del 23 de mayo de 2023 en el que solicitan al Congreso mayor reflexión en torno a la acusación constitucional que se tramitaba contra la entonces magistrada Zoraida Ávalos.

“Si bien cierto que el Congreso de la República tiene sus atribuciones señaladas, no puede hacer un ejercicio abusivo, arbitrario, autoritario del poder. El poder se tiene que ejercer con los límites que la Constitución establece con criterios de proporcionalidad y de razonabilidad”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Y el hecho de que la Junta Nacional de Justicia haya formulado un pronunciamiento, exhortando a los integrantes del Congreso para que sus decisiones las adopten en el marco estricto de la ley no puede ser considerado como una falta grave que sea sancionada con la remoción que en la práctica es la destitución de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. En mi opinión, eso es un exceso que no se puede permitir en un Estado derecho”, precisó.

Un Estado constitucional

Cubas Villanueva subrayó, en líneas generales, que en un Estado constitucional de derecho los funcionarios no pueden hacer lo que quieren. Cuestionó, además, que haya un alto porcentaje de congresistas que no conocen las normas constitucionales.

“Yo creo que lo que no se ha logrado entender en nuestro país es que desde 1980 se formuló un proyecto en la intención de vivir en un Estado de derecho, en un Estado constitucional. Y en un Estado de derecho los funcionarios no pueden hacer lo que quieren, sino simple y llanamente pueden hacer lo que deben hacer, lo que está permitido por la Constitución”, manifestó.

“No hemos logrado comprender en el Perú que debemos comportarnos dentro de las normas de un Estado de derecho y, lamentablemente, la ignorancia es muy atrevida. Y lo que menos conocimiento tienen un alto porcentaje de congresistas de la República es conocimiento de las normas constitucionales. Entonces, creen erróneamente que sus votos pueden hacer lo que ellos quieren y no es así”, agregó.

El exmagistrado remarcó que las instituciones solo pueden desarrollar las actividades que están enmarcadas en las atribuciones que les confiere la Constitución. Por ello, consideró que “hay actos que están en el límite del autoritarismo”.

Demanda competencial

El exfiscal criticó, del mismo modo, que el Tribunal Constitucional (TC) haya sostenido en una reciente sentencia que contra los actos del Congreso no puede ejercerse control alguno. Ello al referirse a la demanda competencial que presentó el Parlamento contra el Poder Judicial.

“Cuando el Congreso promueve una acción competencial frente a las demandas de amparo que se hacían para paralizar el nombramiento de altos funcionarios del Estado —específicamente miembros del Tribunal Constitucional en un momento y defensor del pueblo en otro momento— el TC emite una sentencia que no es, pues, propia de un Tribunal Constitucional, diciendo de que contra los actos del Poder Legislativo no puede ejercerse control alguno. Entonces, ¿para qué existe Tribunal Constitucional?”, analizó.

“El Tribunal Constitucional se ha instituido precisamente para ejercer el control de la Constitución y entre sus atribuciones está la de conocer la demanda de inconstitucionalidad. Y tanto es el poder que tiene el Tribunal Constitucional en ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes que, si declara fundada una demanda respecto a la inconstitucionalidad de la ley o de algunas normas de la ley, se deroga la ley o se derogan esas normas”, anotó.

Está sujeto a control

Finalmente, aclaró que el Congreso es un poder del Estado que tiene atribuciones que están sujetas a control y que esa actividad la ejerce el Poder Judicial, como garantes de la vigencia plena de los derechos fundamentales.

“Entonces, esto hay que entender como una nueva lógica. No es que el Poder Legislativo es el primer poder del Estado. Es un poder del Estado que tiene atribuciones, pero están sujetas a control y el control lo ejerce el Poder Judicial y los jueces son garantes de la vigencia plena de los derechos fundamentales de las personas. Si no entendemos esto, hay que volver a los tiempos de la barbarie”, advirtió.

“Y desgraciadamente es esto lo que no se ha entendido o lo que no se quiere entender y así estar adoptando decisiones que simple y llanamente destruyen la democracia y en la práctica estamos regresando a situaciones que ya hemos vivido en la década de finales del noventa, pero que ahora son aún más graves”, lamentó.

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