Veronika Mendoza - Ideeleradio
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Ley de protección policial

Ideeleradio.- El gobierno transitorio de Francisco Sagasti debería abrir la discusión para una reforma policial, propuso la precandidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, tras considerar que se tendría que derogar la Ley de protección policial.

Fue al comentar la intervención de la Policía Nacional del Perú durante las movilizaciones que se realizaron en el país, tras la vacancia de Martín Vizcarra y la llegada de Manuel Merino a Palacio.

“Tiene que haber una investigación [sobre el actuar de la PNP], pero también reforma de la Policía, empezando por una cosa concreta que sí puede y debe hacer este gobierno, que es derogar la Ley de protección policial, que en realidad es una ley de gatillo fácil, que prácticamente anula la necesidad de proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Es viable

Mendoza Frisch consideró que es viable que la Ley de protección policial sea derogada y que se revisen las normas que criminalizan la protesta social.

“Eso se tiene que derogar y se tienen que revisar las leyes que criminalizan la protesta. Este es un tema urgente que está pidiendo la calle y que creo que es perfectamente viable y necesario para salvaguardar nuestra democracia y el derecho a la protesta de la gente”, subrayó.

Remarcó que lo ocurrido recientemente en las movilizaciones no es un hecho aislado. Recordó los casos de Conga (Cajamarca), del valle de Tambo (Arequipa) y de Espinar (Cusco).

“Esto no es un caso asilado. […] Hace algunos años en Cajamarca en el contexto del conflicto Conga fallecieron cinco personas, lo propio en el Valle del Tambo o en Espinar. Son muertes que hasta el día de hoy —ocho años después, en el caso e Espinar— siguen en la absoluta impunidad. No queremos que eso ocurra en el caso de Inti Sotelo y Bryan Pintado”, aseveró.

Investigar y responsabilizar

Señaló que se tiene que determinar los niveles de responsabilidad, respecto a la muerte de dos jóvenes y las lesiones a decenas de personas.

“[Los hechos] exigen una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades por el nivel de abuso policial que hemos tenido. [Son] cerca de 100 heridos, muchos de ellos en gravedad, algunos de ellos siguen incluso hospitalizados”, declaró.

“El Estado, entonces, tendría que garantizar la cobertura de salud para empezar, la indemnización a los familiares de las víctimas y, por supuesto, la investigación exhaustiva desde quienes estuvieron en responsabilidades políticas hasta quienes participaron en el operativo policial correspondiente”, subrayó.

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