Ha tratado de demostrar poder
Ideeleradio.- El fujimorismo busca limitar el debate de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, porque quiere evitar el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y blindar así al ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez y a otros acusados de lavado de activos, sostuvo el sociólogo Sinesio López.
Fue al referirse al proyecto de ley que propone reformar y fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incluido en el pedido de facultades legislativas que solicitó el Ejecutivo al Congreso.
“[El fujimorismo] ha tratado de limitar el debate, sobre todo, en los temas que más le interesan. El tema que más le interesa es el de la lucha contra la corrupción y evitar el fortalecimiento de la UIF, porque está blindado en el fondo a su ex secretario general [Joaquín Ramírez] y a varios de sus dirigentes que son acusados de [presunto] lavado de activos”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“Yo creo que [el debate para otorgar delegaciones al Ejecutivo] ha sido un escenario con pulsa de relaciones de fuerza, en donde el fujimorismo ha tratado nuevamente de demostrar que tiene un poder y lo ha demostrado haciendo pasar a todos los ministros a 10 comisiones donde se debate la delegación de facultades”, manifestó.
El tema de UIF es un hueso duro de roer
En ese sentido, indicó que el tema del fortalecimiento de la UIF será un tema duro de roer porque el fujimorismo no cederá en sus pretensiones. Dijo que para la opinión pública ha quedado claro que el fujimorismo busca blindar a su propia gente.
“Yo creo que el recorte mayor se da ahí, porque en los otros temas no hay tanta discrepancia. Yo creo que ese es el hueso duro de roer. Ese es el tema de fondo que no han querido ceder, y no van a ceder creo. Les han reducido el tiempo [de 120 a 90 días], pero el contenido es más importante que el tiempo y en el contenido se han atrincherado en este tema de fondo [el fortalecimiento de UIF]”, subrayó.
“Creo que lo que lo que queda en la opinión pública es esa voluntad de blindar a su propia gente de la acusación de lavado de activos. Eso queda clarísimo para todos, sobre el porqué no quieren [que se apruebe] y todos los medios lo resaltan”, acotó.