Magali González - Ideeleradio
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La alta dirección

Ideeleradio.- Estamos accionando ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral con relación a la afectación a la libertad sindical, porque estamos hablando de un comportamiento constante de parte de la alta dirección de la Defensoría del Pueblo, de quienes están ocupando altos cargos, en desmedro de ese principio, anunció Magali González Manco, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría.

Fue al referirse al comunicado del 30 de setiembre emitido por dicho sindicato en el que rechazan el pronunciamiento de la Defensoría, publicado el día anterior, que menciona que “todos los profesionales que actualmente vienen laborando como encargados de las diferentes adjuntías, cumplen con los requisitos exigidos para el ejercicio de su función” y que “resulta inaceptable la intolerancia de algunas personas que buscan dañar la honorabilidad de funcionarios de nuestra institución”.

“Por eso nosotros también estamos accionando ante Sunafil, con relación a la afectación a la libertad sindical, porque ya no estamos hablando solamente de una agresión directa o personal, sino estamos hablando de un comportamiento constante de parte de la alta dirección, de parte de las personas que están ocupando ahorita altos cargos, en desmedro de nuestra libertad sindical”, señaló en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Lo que están tratando de hacer es que nos silenciemos que dejemos de decir las cosas que estamos criticando y cuestionando con relación a la forma cómo se viene gestionando la Defensoría del Pueblo y cómo se viene poniendo en riesgo también nuestra línea institucional. Entonces, esta situación merece una investigación ante Sunafil, específicamente por el derecho a la libertad sindical”, añadió.

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo mencionó que están elaborando el documento que presentarán ante Sunafil. Subrayó que las acciones que toma dicho gremio obedecen a un acuerdo de la asamblea general.

“[¿Y han presentado ya formalmente algún pedido a la Sunafil o lo están por hacer todavía?] Lo estamos elaborando. Sí, lo estamos elaborando. [¿Lo van a presentar los próximos días entonces?] Exacto, y lo vamos a hacer también de manera pública”, refirió.

“[¿Esto es el sindicato accionando a través de su secretaria general, digamos?] Exacto. De hecho, el día viernes [29 de septiembre] tuvimos una asamblea general. El pronunciamiento que hemos emitido el sábado [30 de septiembre] ha sido por acuerdo unánime de la asamblea general del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo. Entonces, estamos hablando de una posición institucional en nuestro gremio. Y es lo que vamos a sostener”, subrayó.

Concurso público

González Manco enfatizó, en otro momento, que es necesario que los puestos de adjuntos y adjuntas sean sometidos a concurso público para encontrar a las personas más idóneas, que cumplan con el clasificador de cargo y tengan la formación ética y profesional que refleje el espíritu de la institución.

“Lo primero que hay que señalar es que la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo exige que los puestos de adjuntos, adjuntas al defensor, sean sometidos a concurso público. ¿Y por qué?, porque se supone que tenemos que lograr que ingresen a la Defensoría del Pueblo a dirigir las líneas de acción de la institución, las personas más idóneas, las personas que estén mejor capacitadas”, manifestó.

“Lo que hemos visto nosotros como sindicato […] es que se ha establecido una práctica constante desde la gestión anterior del doctor Walter Gutiérrez de mantener los puestos de adjuntos bajo la figura de confianza, y eso realmente debilita la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo y por eso siempre hemos solicitado que se sometan a concurso”, acotó.

Debilita la institucionalidad

Recordó que dicho gremio ha emitido diversos pronunciamientos reiterando el mandato de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo para que haya un concurso público de selección de adjuntos y no designación como cargo de confianza.

“Precisamente, para nosotros, esa [modalidad de cargo de confianza] es una práctica que para nosotros es contraria a la ley orgánica y que, además, debilita la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo y, en ese sentido, el sindicato se ha pronunciado varias veces, a través de cartas, a través de comunicados”, dijo.

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