San Martín: Exigen que el Estado cumpla con formular y ejecutar una política de titulación de los pueblos indígenas

Planes de acción regional

Ideeleradio.- Las organizaciones indígenas de la región San Martín exigen que el Estado cumpla con formular y ejecutar una política de titulación de los pueblos originarios o de las comunidades nativas de alcance nacional que incluyan planes concretos de acción regional, sostuvo Cristina Gavancho León, abogada y consultora del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Fue al comentar la demanda de amparo que se tramita ante el Poder Judicial y que fue presentada por la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la región San Martín (Codepisam), la Federación de Pueblos Indígenas Kechua Chazuta Amazonas (Fepikecha), del Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA), en alianza con su organización nacional, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep)

“Es un proceso de amparo que cuestiona la política nacional de titulación de territorios de pueblos indígenas. Se presenta por la omisión de parte de las organizaciones demandadas en este caso de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Midagri, el MEF y los gobiernos regionales de San Martín, Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Amazonas, donde está la presencia de las comunidades nativas en la Amazonía peruana”, manifestó en Ideeleradio.

“[Se presenta el amparo] a fin de buscar o exigir que el Estado cumpla con su obligación de formular y ejecutar una política de titulación de los pueblos indígenas o de los territorios de las comunidades nativas de alcance nacional que incluyan planes de acción regional concretos, con medidas concretas y debidamente financiadas para titular los territorios de las 669 comunidades nativas de la Amazonía peruana, que a la fecha de la presentación de la demanda están pendientes de sanear su territorio y conseguir la seguridad jurídica de los mismos”, aseveró.

Política de titulación

La abogada precisó que la demanda incluye como fundamentos extensos estudios de la política nacional de titulación de comunidades nativas, como dos informes de la Defensoría del Pueblo del 2014 y del 2018, del propio Instituto de Defensa Legal con Forest Peoples Programme del 2021, de la ONG DAR del 2022.

Mencionó que estos estudios analizan los problemas referidos a la falta de adecuación a nivel legislativo, de las organizaciones gubernamentales y de normas específicas para proteger la propiedad comunal dentro de los alcances y obligaciones que el Estado peruano asumió de acuerdo a la ratificación del Convenio 169 de la OIT.

“[Estos problemas] incluyen, entre otras cosas, por ejemplo, que el proceso de titulación de comunidades nativas en el Perú es un proceso muy engorroso que tiene más de 20 etapas, que dura muchos años, que no cuenta con un financiamiento propio organizado del Estado que por 20 años tuvo financiamiento de la cooperación internacional y no logró las metas específicas para bajar las brechas o alcanzar las metas de titulación de comunidades nativas”, argumentó.

“[Este proceso] no tiene un procedimiento de resolución, un mecanismo propio el interior de este proceso de resolución de conflictos ante supuestas superposición de derechos con terceros u otras personas dentro del mismo proceso y menos un mecanismo de salvaguardas o de protección del territorio indígena hasta que dure el proceso de titulación, lo que hace que el territorio indígena, pues, en la Amazonía sea repartido y despojado de forma muy rápida, ágil, por intereses de terceros que es mucho más fácil conseguir un título de un predio rural individual, que es un título comunal para una comunidad nativa”, puntualizó.

Detalló que la ley vigente que regula el proceso de titulación de comunidades nativas es de 1974. Subrayó que desde que el Convenio 169 de la OIT fue ratificado por el Perú, no ha existido ninguna adecuación de parte del Estado peruano.

Se debe declarar fundada

La letrada recordó que el 20 de septiembre pasado se llevó a cabo el informe oral correspondiente al proceso de amparo que se sigue ante el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, en la que ella y Rocío Trujillo, abogada de Aidesep, presentaron el informe de derechos. Gavancho León dijo confiar en que la demanda se declare fundada.

“[El 20 de septiembre] hicimos los informes, absolviendo los cuestionamientos de las contestaciones de demanda de las excepciones demandadas, dándole al juez argumentos para declarar fundada esta demanda, y absolviendo cada una de las acciones planteadas por los abogados. Estamos esperando nada más que se resuelva el caso desde el 20 de septiembre. De acuerdo al nuevo Código Procesal Constitucional, el juez tiene 10 días para responder su fallo a través de una sentencia y estamos a la espera de eso”, explicó.

“Esperamos que declare fundada la demanda y ordene, pues la implementación de esta política pública integral, que de alguna manera hacer que las obligaciones del Estado a las exigencias del convenio general de la OIT, en cuanto al salvaguardar territorio indígena y facilitar los procesos de titulación a nivel nacional, disminuyendo las brechas que existen por todos los problemas que actualmente tienen la legislación en materia de titulación”, refirió.

Cabe señalar que Wiler Saurin Tangoa, vicepresidente de Codepisam, y Julio Cusurichi Palacios, integrante del consejo directivo de Aidesep, estuvieron a cargo del informe de hechos.