Ronald Gamarra - Congreso (Foto: Parlamento)

 

Esto no termina aquí

Ideeleradio.-  El informe del congresista Alejandro Cavero (Avanza País) que fue aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha impedido una investigación y eso genera una responsabilidad internacional del Estado peruano, advirtió Ronald Gamarra, abogado de la familia de Bryan Pintado.

Fue al cuestionar el archivamiento de la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público contra Manuel Merino de Lama, el expremier Antero Flores-Aráoz, y el exministro Gastón Rodríguez Limo, por los sucesos ocurridos durante las movilizaciones del 14 de noviembre, y el caso de Inti Sotelo y Bryan Pintado.

“[El informe Cavero y la aprobación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales] ha impedido una investigación y eso genera responsabilidad internacional del Estado peruano. Ojo, no crean que esto termina aquí, esto no termina aquí. Esto nos lleva simplemente a una instancia internacional”, señaló en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“No se trata de que el informe del congresista Cavero condene a pena privativa de libertad a Merino o que los ponga a disposición del Ministerio Público para que el Poder Judicial los condene. No. Es para continuar una investigación con todos los derechos de Merino y de los demás, y de sus abogados, a resultas de la cual hasta podrían resultar liberados, exonerados de responsabilidad, pero eso es lo que ha impedido el informe Cavero y la aprobación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, anotó.

Gamarra Herrera comentó, igualmente, que en realidad el informe del congresista Alejandro Cavero “está orientado a exculpar de tal manera que ni siquiera ha tomado en cuenta cuál es la imputación precisa que realiza la Fiscalía de la Nación” en el caso de Merino de Lama, y los exministros.

Cabe recordar que en un comunicado, el propio Ministerio Público, señala que “la referida denuncia constitucional fue presentada por la Fiscal de la Nación, Zoraida Avalos Rivera, ante el Congreso de la República, el pasado 4 de octubre de 2021; en la cual se imputó —al exjefe de Estado y a los citados [ex] funcionarios del Poder Ejecutivo— ser presuntos autores por omisión impropia de los delitos de homicidio y de lesiones graves y leves, en el contexto de grave violaciones a los derechos humanos”.

Continuar con la investigación

Indicó que el estado de las pesquisas que se realizan en dos niveles ha llegado a la conclusión de que existen sospechas reveladoras que llevan a la necesidad de continuar con las investigaciones respecto a lo ocurrido durante las movilizaciones de noviembre del 2020.

“Cavero sostiene que no está siquiera señalado que han sido los elementos policiales los que organizaron y ordenaron un uso desproporcionado de la fuerza, a través de armas y municiones prohibidas dirigidas específicamente al cuerpo de las personas con el afán de causar muertes y lesiones. Eso lo dice la Fiscalía [en su investigación]”, manifestó.

“Ojo la Fiscalía tiene dos investigaciones: una contra los oficiales de la Policía, y otra contra Merino y compañía, y ambas investigaciones realizadas por instancias distintas del Ministerio Público han llegado a la misma conclusión, porque ese es el estado de las investigaciones: existen sospechas reveladoras que llevan a la necesidad de continuar con las investigaciones”, apuntó.

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