Rocío Trujillo - Ideeleradio
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Por defender su territorio

Ideeleradio.- La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) remarcó, durante una audiencia regional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la importancia de que se investigue, juzgue y sancione a los responsables de los asesinatos del caso Saweto, del caso Quinto Inuma Alvarado y de los más de 33 defensores indígenas, informó Rocío Trujillo, asesora legal de Aidesep.

“La CIDH nos concedió una audiencia regional sobre el tema de defensores [el 29 de febrero]. En esta audiencia regional, como Aidesep hemos solicitado se investigue, juzgue y sancione a los responsables de los asesinatos del caso Saweto, del caso Quinto Inuma y de los más de 33 defensores indígenas, quienes han luchado por la defensa de su territorio y el respeto de sus derechos colectivos”, dijo en Ideeleradio.

“Hay a la fecha, como lo hemos mencionado en varios espacios, más de 33 defensores indígenas asesinados y todos ellos tienen, vamos a decir, un común denominador o un patrón, que es que esos líderes luchaban para defender su territorio, para que su territorio se titule, que denunciaban que terceros invadían su territorio, y por lo tanto, el Estado tenía que haber garantizado la titulación de su territorio, pero vemos que lamentablemente eso no sucede”, detalló.

Trujillo Solís remarcó, en ese sentido, la importancia de que el Estado se comprometa con aspectos como la titulación, saneamiento, delimitación y demarcación del territorio de los pueblos indígenas.

“De ahí es que es importante que se aborde la raíz del problema, se proceda a la titulación, no solamente la titulación, sino también el tema del saneamiento, de la delimitación, de la demarcación, pero también el tema de los registros de los títulos de las comunidades, de los pueblos indígenas”, afirmó.

Medidas cautelares

Indicó, también, que durante el desarrollo de la audiencia regional “Situación de las personas defensoras de derechos humanos” se enunció la necesidad de que se otorguen medidas cautelares de protección para los familiares del apu Quinto Inuma Alvarado de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu (San Martín).

“Entonces, hemos solicitado, pues, esas medidas. También hemos solicitado, que se otorguen las medidas cautelares a favor de los familiares y de la comunidad de Quinto Inuma, debido a que, a la fecha, pues hay un riesgo a la bien integridad de sus miembros”, señaló.

La abogada precisó que durante esa audiencia de la CIDH solicitaron también que no se criminalice a los defensores indígenas. Mencionó que por defender a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), el apu Julio Cusurichi, integrante de Aidesep, fue denunciado.

“[Pedimos] que no se criminalice también a los defensores indígenas, como por ejemplo el caso del apu Julio Cusurichi que por defender a los pueblos indígenas en situación de aislamiento se le iniciaron demandas y denuncias”, puntualizó.

Informe de la CIDH

Trujillo Solís se refirió, también, al mensaje que la CIDH difundió en sus redes sociales en el que anuncia que se redactará un tercer informe regional sobre este tema para identificar los riesgos y desafíos que enfrentan los y las defensoras.

Por ello, destacó la posibilidad de seguir enviando información sobre esa situación de emergencia que viven los pueblos originarios, sin que el Estado pueda tomar medidas efectivas.

“La CIDH va a elaborar un informe sobre la situación de defensores indígenas. Sabemos que había un informe anterior, pero que ya estaba desactualizado. Y es por eso que justo también en esta audiencia, si bien teníamos cortos minutos, pero esto nos ha permitido de alguna forma visibilizar la situación que viene sucediendo en el Perú, pero también visibilizar, en general, cómo está la situación en toda región. Entonces, de acá se van a sacar elementos”, manifestó.

“También queda abierta la posibilidad de seguir mandando información sobre esa situación de emergencia, de alguna forma, que a la fecha están pasando los defensores indígenas y que las actividades ilegales cada vez se van consolidando más, sin que el Estado pueda tomar medidas efectivas, pero también frente a denuncias que hacen los pueblos indígenas, pues hay un clima de impunidad. Entonces, eso es sumamente riesgoso y es importante que esta situación se visibilice ante una instancia internacional, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, añadió.

Mecanismo intersectorial

La abogada de Aidesep comentó, asimismo, la necesidad de que el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos que coordina el Ministerio de Justicia cuente con una participación efectiva de las organizaciones indígenas.

“Más allá de que sabemos los esfuerzos que se vienen realizando, sabemos que es un mecanismo que no tiene presupuesto, que tampoco articula con los mecanismos de la justicia indígena, que también a su vez, si bien se pueden desarrollar mesas de trabajo, no se aborda la raíz del problema, que es el otorgamiento, las concesiones dentro de los territorios de los pueblos indígenas. Tampoco se atiende las denuncias que interponen los pueblos indígenas frente a terceros que invaden su territorio”, declaró.

“Entonces, estamos viendo que ningún mecanismo va a ser efectivo. Por ello es la necesidad de que estos mecanismos del Estado articulen también con los mecanismos propios de los pueblos indígenas, que, en efecto, en base a su autonomía, su libre determinación también al ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, o sea, son autoridades dentro de su territorio y tienen que articular con las instituciones del Estado. Y todo esto para justamente para proteger a los defensores indígenas y para prevenir”, acotó.

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