Corte Superior de Puno - Foto: Poder Judicial
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A excepción de algunos jueces

Ideeleradio.- Se observa que la manera en que proceden los administradores de justicia en relación al tratamiento de los casos vinculados a los pueblos indígenas es diferente al discurso institucional del Poder Judicial (PJ), afirmó Cristóbal Yugra, abogado de la oficina de Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) en Puno.

“[Cree que la Corte Suprema trata a los pueblos indígenas desde una perspectiva distinta en relación al caso Aymarazo?] En este aspecto vemos que la jurisprudencia de los pueblos indígenas, en relación al tratamiento intercultural de la justicia, no se ha dado con mucha fuerza en la región de Puno, aunque hay un sector del PJ que viene desarrollando actividades con ronderos de las comunidades. En realidad, la aplicación efectiva de estos derechos o esta interpretación interculturalidad no se da en su plenitud”, explicó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Veo que una cosa es el discurso institucional del Poder Judicial, pero es diferente la manera de proceder de los responsables de la administración de justicia, propiamente del Poder Judicial, o sea sus jueces. A excepción de algunos jueces […] que han emitido sentencias en aymara y quechua”, explicó.

Es preocupante sentencia de Walter Aduviri

En ese sentido, comentó sobre la decisión en relación al exdirigente Walter Aduviri, y la apelación presentada por el Ministerio Público, donde solicita la incorporación de otros imputados en el caso “Aymarazo”.

“Se ha elevado en apelación este caso, y se solicita que no solo sea Walter Aduviri [exdirigente] el responsable, sino cuatro compañeros más. Los cargos es justamente por disturbio, perturbación de los servicios públicos. El asunto de extorsión, eso sí se ha cerrado”, argumentó.

“Para nosotros el caso Aymarazo es la criminalización de la protesta de los pueblos aymaras. […] En el caso de Aduviri está condenado a 7 años de pena y esto nos preocupa […]”, refirió.

Caso comunidad de Pampahui

Finalmente, comentó sobre la presentación de una excepción de cosa juzgada en relación a un caso vinculado a la administración de tierras en la comunidad de Pampahui (Puno).

“[…] En este caso solamente hemos presentado una excepción de cosa juzgada. Es algo novedoso. No hay jurisprudencia, porque el artículo 149 dice que se tiene facultades jurisdiccionales [los pueblos indígenas]. En esa excepción lo que la Fiscalía nos dijo que no es sentencia, lo que respondimos es que efectivamente es una comunidad, jamás va a generar un  decreto o sentencia”, argumentó.

“[…] Hay denuncias por haber resuelto un problema, pero se ha actuado en base al marco de la ley y porque ese lote [en disputa] está dentro del territorio comunal”, afirmó.

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