Miguel Guimaraes - Iván Flores - Ideeleradio
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Queremos conversar con la ministra

Ideeleradio.- Las ministras de Agricultura, Fabiola Muñoz, y del Ambiente, Lucía Ruíz, deberían pronunciarse en torno a la Ordenanza Regional Nº 10-2018-GRU-CR13, dijo Iván Flores Rodríguez, dirigente de la Comunidad Nativa de Santa Clara de Uchunya, tras advertir de la presencia de invasores en los diferentes predios de las comunidades indígenas en Ucayali.

Fue al referirse a la ordenanza emitida por el Gobierno Regional de Ucayali el 27 de junio del 2018 que declara de interés público regional “el procedimiento de exclusión y formalización de predios superpuestos por Bosques de Producción Permanente, áreas de conservación regional y concesiones forestales con fines maderables, concesiones de conservación y concesiones de ecoturismo en la Región Ucayali”.

“Queremos conversar con la ministra [del Ambiente y de Agricultura] y representantes [de dicho sector]  para que de una vez tengan coraje y decisión al defender la Amazonía. Más aún que nosotros somos defensores de derechos humanos y algo podría pasar con nuestro dirigentes y líderes”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio. 

“Esta ordenanza es direccionada a la empresa, porque piensan destruir no solo territorio de la comunidad, sino bosques primarios, bosques intangibles. […] Nuestro esfuerzo de venir  a Lima es básicamente para derogar [la ordenanza] porque va a vulnerar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. No desde ahora, sino que ya lo viene haciendo [hace tiempo]”, refirió.

Remarcó que la ministra Fabiola Muñoz conoce de cerca la situación, pues anteriormente han recurrido a ella, cuando se desempeñaba como directora ejecutiva del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

“En el 2015 la Comunidad Nativa de Santa Clara de Uchunya venimos a tocar las puertas de Serfor (Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre) con la señora Fabiola Muñoz, que hoy es ministra de agricultura y conoce nuestro tema, conoce bastante nuestro reclamos”, sostuvo.

Indicó que las diferentes instituciones a los que los representantes de la comunidad nativa han recurrido no emprenden acciones rápidas para frenar las consecuencias que podría traer la norma. Cuestionó, además, la lentitud de la Procuraduría Ambiental y la investigación del Ministerio Público, así como la inacción de Serfor y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 

Resaltó que, como comunidad indígena, hay normativa que los protege y que se deben respetar, puesto a que llevan más de 100 años en el lugar. Recordó, por ejemplo, que el Perú tiene un compromiso por el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes

“Quieren el despojo de la comunidad, pero la comunidad está asentada ahí por más de 100 años; vivienda, posesión, sus productos y se conserva el medioambiente. Como indígena, el Convenio 169 lo dice bien claro. El Estado tiene una deuda contundente con la comunidad, con los pueblos originarios. Hasta ahora vemos la lentitud de nuestras autoridades competentes”, subrayó.

Se favorece la deforestación

Por su parte, Miguel Guimaraes cuestionó dicha ordenanza regional, pues se afectan bosques primarios y se favorece la deforestación.

“Nos preocupa esto, porque estamos más de siete años luchando contra la deforestación en Santa Clara de Uchunya. Esta ordenanza le da una cobertura legal [a esto]. Después de haber vulnerado nuestros derechos de manera sistemática, con esta ordenanza se va a complicar más nuestra situación”, refirió.

“Lo que permite es que a los territorios comunales ingresen personas ajenas, estas se adueñen y las venden a las empresas transnacionales para que estas sean utilizadas en la deforestación”, acotó.

Denunció, además, que la defensa de sus derechos ha implicado el asesinato de seis agricultores desde hace dos años, amenazas directas e intento de homicidio.

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