Pedro Grández - Ideeleradio
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No está claro

Ideeleradio.- Es mejor que que sean las autoridades judiciales las que actúen en torno al caso vinculado al expresidente Martín Vizcarra, aseveró el constitucionalista Pedro Grández, tras considerar que ve problemas estructurales en el tema de la inhabilitación, pues no hay un desarrollo legislativo sobre los supuestos precisos en que se incurre en infracción a la Carta Magna.

Fue al comentar una posible inhabilitación al exmandatario por parte del Congreso de la República a raíz del caso de la vacuna de Sinopharm.

“Cualquier persona que va a ser objeto de una sanción como esa [inhabilitación], por parte del Estado, tiene derecho a conocer con precisión cuál es la conducta que se le imputa y eso no está claro”, indicó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Por eso, es mejor que sean las autoridades judiciales quienes actúen, especialmente porque se trata de un personaje que está envuelto en un contexto de confrontación política muy fuerte, que nunca hemos tenido en la historia de la República”, apuntó.

Consideró que la vía parlamentaria no sería la propicia, pues Vizcarra Cornejo podría reconstruir una narrativa de persecución política.

“Ahora este caso se judicializará pronto a investigaciones iniciadas del Ministerio Público. Me parece que esa es la vía en este contexto, porque no olvidemos que Vizcarra ha dejado el poder en medio de una batalla política, y los que los han derrotado están ahora en el Congreso. Entonces, es muy fácil reconstruir una narrativa de persecución política y de afectación a sus derechos fundamentales que él podría hacerlo valer en cualquier instancia”, manifestó.

Problemas estructurales

El constitucionalista subrayó que existen problemas estructurales en el tema de la inhabilitación política.

“Veo problemas estructurales en el tema de la inhabilitación. Es decir, no hay un desarrollo legislativo de cuáles son los supuestos en los que se puede hablar con precisión de infracción a la Constitución para imputarle este tipo de responsabilidad”, argumentó.

“Me parece que en el estándar interamericano, en nuestro sistema jurídico no está cumplido en este momento la exigencia de certeza —ley cierta y ley previa— respecto de imputaciones que van a tener consecuencias punitivas”, acotó.

Garantizar imparcialidad

Sostuvo, además, que es necesario evitar que el Congreso actúe por venganza política.  Indicó que se necesita respetar el debido proceso en el caso del exmandatario.

“Hay que garantizarle imparcialidad y debido proceso debería ser preocupación de las autoridades, para que no haya esta venganza política, que al parecer se quiere perpetrar en el Congreso”, manifestó.

“Ahí hay mucha gente con heridas que no se han sanado, y entonces esto parece claramente parte de una revancha también. No digo que no existe lo otro, parece evidente que a estas alturas Vizcarra ha traicionado a los peruanos sin duda”, indicó.

Opinó que en el caso de Vizcarra Cornejo si bien es claro que un problema ético, este no alcanza para una imputación para llevarlo a una acusación constitucional.

“Hay un tema ético de ejercicio del poder público sin duda para mí, pero creo que no alcanza para una imputación para llevarlo a una acusación constitucional, eso es otra cosa. Eso tiene un elemento técnico que la gente a veces no logra entender. […] El estado de derecho exige otras cosas, […] y hay que hacer pedagogía en eso, porque si salimos a hacer linchamiento, entonces no ayudamos, no contribuimos”, puntualizó.

Caso Fujimori

Recordó, finalmente, el caso de Alberto Fujimori, expresidente que fue inhabilitado por el Parlamento el 23 de febrero de 2001.

“El único funcionario al que en el marco de la Constitución 93 paradójicamente se le aplicó la inhabilitación en esos términos por 10 años fue a Fujimori, pero probablemente Fujimori violó todos los artículos de la Constitución con todos los actos que hizo hasta el último día”, precisó.

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