Miguel Huerta - Ideeleradio
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Ideeleradio.- El Decreto Ley 1268 se puede perfeccionar, pero no derogar, afirmó el director de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior, Miguel Huerta, tras calificar de preocupante la decisión adoptada por la Comisión de Constitución del Congreso, con respecto a la norma que regula los procesos administrativos y disciplinarios para los efectivos de la Policía Nacional.

Fue al comentar la decisión de la Comisión de Constitución presidida por el fujimorista Miguel Torres Morales, de recomendar al Pleno del Parlamento la derogatoria del Decreto Legislativo 1268, argumentando que es inconstitucional y que elimina la pluralidad de instancias

“Eso nos ha preocupado porque el grupo de trabajo parlamentario, presidido por la congresista Úrsula Letona de Fuerza Popular, había emitido una opinión favorable en el sentido de que la norma no se encuentra fuera del marco constitucional y que está dentro de la ley delegada”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Por lo tanto, nos ha sorprendido esta última decisión de la Comisión de Constitución a iniciativa de Marco Miyashiro”, argumentó.

Huerta Barrón consideró, además, que habría una especie de mal entendido espíritu de cuerpo, tras sostener que ya había, anteriormente, una opinión favorable sobre la viabilidad de la norma.

“[¿Cree que hay un espíritu de cuerpo mal entendido?] Efectivamente, no  entendemos por qué ya habiendo una opinión favorable del grupo de trabajo específico para evaluar la constitucionalidad de estos decretos, y, luego, la Comisión de Constitución, a iniciativa de un congresista, revierte esa decisión y sale un dictamen desfavorable”, explicó.

“Eso para nosotros es muy preocupante y lo que se plantea es que cuando se vea el tema en el Pleno del Congreso se abra un debate amplio para perfeccionar la norma, pero no derogarla”, argumentó.

Finalmente, advirtió la posibilidad de que cuestionados miembros de la Policía Nacional puedan revertir las medidas adoptadas en materia disciplinaria y regresen a trabajar a la institución policial.

“[¿Este decreto podría generar que estos policías intenten regresar?] Obviamente, porque si el Pleno aprueba la derogatoria de la norma, con el argumento que se afecta la constitucionalidad, entonces las personas que hayan sido investigadas en el marco de este proceso, podrían, obviamente, recurrir al órgano judicial para revertir las medidas que se hubieren adoptado y por eso es la preocupación del sector”, finalizó.

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