Julio Arbizu - Ideeleradio
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Ideeleradio.- El hecho de que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, envíe una carta notarial a Ronald Gamarra es un ejercicio autoritario del poder que tiene en el Ministerio Público, sostuvo el exprocurador Julio Arbizu.

Fue al cuestionar el envío de una carta notarial el 29 de octubre por parte de Chávarry Vallejos en la que pide a Gamarra Herrera que realice la “rectificación inmediata de las expresiones difamatorias e injuriantes”, o en caso contrario tomaría acciones legales en su contra.

“Pedro Chávarry le envía esa carta notarial a Ronald Gamarra con el logotipo del Ministerio Público, con el sello del fiscal de la Nación, desde su posición de fiscal de la Nación, haciendo uso indebido”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Este es un caso personal, no se está afectando la imagen del Ministerio Público; más bien Ronald Gamarra está tratando de limpiar la imagen del Ministerio Público, y lo hace de manera correcta y rigurosa en que tiene que hacerse. El señor Chávarry termina desnudándose tal cual es, además haciendo evidente este ejercicio autoritario del poder desde el Ministerio Público, y además haciendo uso indebido de su condición de fiscal de la Nación”, anotó.

Arbizu González comentó que Ronald Gamarra lo que hizo en sus declaraciones a dos medios de comunicación fue aludir a un documento público en el sentido de una tesis de la fiscal del Callao, Sandra Castro, referida al caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

“Ronald Gamarra está tomando esta versión, y está reproduciéndola. El fiscal de la Nación es un personaje público y bien haría en dimensionar correctamente su función. El señor está bastante menos protegido en su derecho al honor e intimidad. Es decir, él está sometido al escrutinio público, a la crítica, y debería entenderlo cualquier funcionario público”, indicó.

Sostuvo, en otro momento, que la doctrina es pacífica en el sentido de que los funcionarios públicos de alto rango tienen que soportar la crítica e incluso hay algunos que sostienen que el insulto no necesariamente es difamatorio ni tiene una consecuencia punitiva.

Consideró, en líneas generales, que el envío de una carta notarial y la posibilidad de iniciar acciones legales “es una especie de generar autocensura”. Anotó que, en el estudio de los temas de libertad de prensa se ha detectado un patrón de determinadas organizaciones contra periodistas.

“Tiene que ver con el ejercicio de una conducta que se ha convertido en un patrón de determinadas organizaciones, recordemos a Orellana, recordemos ahora mismo a algunas organizaciones colaterales a Odebrecht también querellando periodistas”, agregó.

“Y quienes estudiamos un poco estos casos, hemos encontrado que hay un patrón que tiene que ver básicamente que con los que investigan o se pronuncian sobre casos específicos sobre criminalidad organizada, de delitos de corrupción, reciben de parte de los investigados este tipo de herramientas de amedrentamiento, de instrumentalización además del Ministerio Público o el Poder Judicial, y sobre todo de la intención de generar autocensura”, agregó.

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