Juan José Quispe - Dina Boluarte - (Fotos: Ideeleradio - Presidencia)
Juan José Quispe - Dina Boluarte - (Fotos: Ideeleradio - Presidencia)

 

Fiscalías en provincia

Ideeleradio.- La investigación que realiza el Ministerio Público contra la presidenta Dina Boluarte, y sus ministros, por lo ocurrido durante las protestas contra el Gobierno “está caminando a paso de tortuga”, sostuvo Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Por ejemplo, [veamos qué pasa] en esa investigación contra Dina Boluarte y otros ministros, donde están como [presuntos] autores mediatos. Esa investigación está caminando a paso de tortuga, ¿por qué?, porque de motu proprio están haciendo casi nada. Y solamente se basan en lo que le mandan de provincia [las fiscalías]. Entonces, ¿cómo se puede avanzar una investigación acá con lo que te manda de provincias, si provincia no está investigando a los presuntos autores?”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Lo que hace la fiscal de la nación es pedir la información de todo lo que ha actuado las fiscalías en provincia para con eso dar un rumbo de tortuga a su investigación y, como usted ve, el único que ha declarado es el señor Otárola”, apuntó.

“Un show”

Quispe Capacyachi se refirió, asimismo, a la postergación del interrogatorio a la mandataria el 7 de marzo pasado, pues estaba pendiente de resolverse la tutela de derechos presentada por la Procuraduría General del Estado por la que dicha entidad busca ser incluida como parte agraviada y participar en la toma de declaraciones.

“La señora Dina Boluarte ya se sabía que hizo un show, porque cuando fue a declarar era simplemente porque ya era su tercera [citación] y tenía que estar ahí, pero ella no iba a declarar [en la práctica], porque se sabía perfectamente que, si hubo una participación de la parte agraviada en la declaración de Otárola, era lógico que se tenía que participar en la declaración de Boluarte, pero como dijeron todavía existe un recurso de tutela de derechos, mejor esperemos eso, pero la señora fue simplemente para firmar el papel que ha concurrido, a sabiendas ya no se iba a realizar la diligencia”, opinó.

Como se recuerda, en esa fecha, pese a que permaneció por más de una hora en la Fiscalía, la presidenta no pudo rendir su declaración debido a que se suspendió el interrogatorio hasta que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema se pronuncie respecto al recurso judicial que interpuso la Procuraduría.

Disparidad en los avances

El abogado del IDL consideró que el Ministerio Público no está cumpliendo con su labor, y sostuvo que hay una disparidad en los avances y las diligencias que se enmarcan en las investigaciones contra los policías y militares, a diferencia de las indagaciones que se le siguen a los manifestantes o presuntos financistas de las marchas.

“[En] los casos donde son agraviadas las personas tanto fallecidas o lesionadas —a diferencia de los casos donde, por ejemplo, los presuntos financistas de las marchas, las protestas sociales, avanza rápido y [se les investiga] como organización criminal y se pide 36 meses de prisión preventiva— acá están pidiendo recién el plan de operaciones, están pidiendo recién la lista de personal policial que ha intervenido ahí y que no lo quieren dar”, señaló.

“Y si lo dan [la lista de personal policial], dan una lista que no corresponde. […] Hay una disparidad en las investigaciones contra los manifestantes y, a diferencia de las investigaciones contra los policías y militares que mataron y lesionaron peruanos”, agregó.

El Comando Conjunto

El letrado informó, del mismo modo, que el Ejército ha señalado que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no puede entregar los planes operativos ni la relación de personal militar, porque es un secreto de Estado.

“Entonces, vemos que hay una disparidad y en el caso de las investigaciones contra las víctimas no hay policías ni militares identificados. El Ejército dice que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no pueden dar los planes operativos ni la relación de personal militar, por ejemplo, que asesinó en Ayacucho a diferentes personas, porque es secreto militar, porque es un secreto de Estado, cuando todos sabemos que es una farsa eso”, manifestó.

“Y la actuación del fiscal encargado de investigar a la señora Dina Boluarte [que] va al Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y él debió pedir exhibición de documentos y, en todo caso, ya tener una orden del juez para que haga un allanamiento e incautación. El señor le toca la puerta, como si fuera [a decir]: señor, quiero ingresar, ¿me podría permitir? Y le dijeron que no, y lo mandaron a su despacho”, relató.

Celeridad

Mencionó, finalmente, que lo que correspondería sería que la Fiscalía de la Nación emita una directiva para que se acelere las investigaciones referidas a la actuación de las fuerzas de seguridad.

“[¿Qué cosa hace que haya más diligencias en un tipo de caso que en otros?] Yo creo que viene de una voluntad desde la Fiscalía de la Nación, porque la Fiscalía de la Nación, si bien es cierto no puede obligarle ni interferir en la investigación que cada fiscal hace, pero sí puede mandar una directiva para que se acelere las investigaciones, para que se equiparen las investigaciones, y no una esté en etapa incipiente y la otra ya está con presos con prisión preventiva de 30 meses”, puntualizó.

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