Juan Carlos Ruiz - Ideeleradio
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Dos objetivos

Ideeleradio.- Juan Carlos Ruiz, coordinador del Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL) resaltó la campaña que pone énfasis en el caso Espinar (Cusco) para que países de la Unión Europea debatan y aprueben la ley de debida diligencia, directiva que busca prevenir las afectaciones a los derechos humanos y los daños ambientales por parte de empresas europeas que operen en otros países.

“Es una campaña. En Europa se está discutiendo una ley de debida diligencia. Esta ley de debida diligencia tiene básicamente dos objetivos: obligar a las empresas que tienen actividades fuera de Europa a que respeten los derechos humanos, y a abrir la posibilidad para que —ante casos de violación de derechos humanos por estas empresas— puedan autoridades administrativas o judiciales investigar casos, prevenir violaciones a derechos, sancionar a empresas responsables de estas violaciones y repararlas [a las poblaciones afectadas]”, dijo en diálogo con Ideeleradio.

Ruiz Molleda mostró su esperanza porque la norma sea aprobada, pues permitiría que los y las afectadas puedan acudir ante una autoridad administrativa judicial de un país europeo y presentar una queja contra una compañía que opere en el Perú y que tiene su matriz en ese continente.

“Esto en realidad lo debería hacer el Estado peruano, pero no lo hace. Esta ley que espero que sea aprobada en el Parlamento Europeo habilita a que una pobladora afectada por la actividad extractiva en Espinar pueda ir ante una autoridad administrativa judicial en Alemania, Francia, Italia, España y pueda presentar una queja contra una empresa que tiene su matriz en Europa”, explicó.

“No es solo una declaratoria retórica de derechos, sino que establece la posibilidad de que alguien de Espinar pueda ir y solicitar la investigación, la sanción, la reparación ante un grave caso de violación de derechos humanos”, puntualizó.

Acceso a la justicia

Indicó, finalmente, que lo que se abre es una puerta para que una población afectada por determinada actividad extractiva tenga acceso a la justicia.

“Nuestro Estado no cumple con esa función. El Estado debería garantizar los derechos. Ante ese vacío lo que se abre es una puerta que puede permitir acceso a la justicia a población afectada por actividad extractiva”, señaló.

“El que no se hayan consultado [los proyectos], las denuncias por contaminación o por despojo de tierras de las comunidades son los casos a los cuales se podría aplicar esta ley de debida diligencia. Se trata de exigir a las empresas que cumplan con os derechos humanos”, declaró.

Derechos Humanos sin Fronteras informó en la víspera que más de 100 organizaciones —entre nacionales e internacionales— se han unido para pedir a los países de la Unión Europea (UE) que debatan y aprueben la ley de debida diligencia, medida que busca adoptar una legislación a la escala de la UE para prevenir los abusos de los derechos humanos y los daños ambientales por parte de empresas europeas que operen en otros países a lo largo de toda su cadena de valor.

Dicha organización de defensoras y defensores de derechos humanos precisó que “la campaña pone énfasis en el caso Espinar (Cusco), lugar que convive cerca de 40 años con la actividad minera y donde se han presentado diversas vulneraciones a los derechos humanos”.

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