Juan Carlos Ruiz (Foto: Ideeleradio)
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Pretende obligar a los jueces

Ideeleradio.- Lo que están haciendo desde el Congreso es alterar la división y la separación de poderes, pues están vaciando de contenido a la Constitución, sostuvo Juan Carlos Ruiz, coordinador del Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Fue al referirse a los distintos proyectos y dictámenes que se discuten en la  Comisión de Constitución del Parlamento, por el que, por ejemplo, las destituciones, nombramientos y actos de competencia del Legislativo no pueden ser objeto de control constitucional.

“En concreto, [si se aprueba esto, se]obliga o pretende obligar a los jueces a que rechacen cualquier tipo de demanda que cuestione decisiones del Congreso como nombramientos, destitución. Eso es gravísimo; están perforando el sistema de protección. O sea, estos congresistas se sienten tocados por Dios. Lo que están diciendo es que la Constitución rige para todos, menos para ellos. O sea, no han entendido que todos estamos obligados a respetar la Constitución”, señaló en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Bueno, lo que están haciendo es alterando la división y la separación de poderes, porque comienza a emerger, ya desde antes de este proyecto de ley, un superpoder, que es el Congreso. Antes se decía, tenemos un semipresidencialismo, un presidencialismo atenuado, hoy día no. Hoy día tenemos en los hechos un régimen parlamentario, ni siquiera parlamentario, tenemos un superpoder que está por encima de todo”, añadió.

No hay zonas exentas

Ruiz Molleda indicó que hay sectores que están buscando resucitar una teoría que ya estaba superada, que decía que hay determinados actos políticos que no pueden ser objeto de control constitucional. Remarcó que hoy existe un consenso en el sentido de que no hay zonas exentas.

“Hoy día, el Tribunal Constitucional tiene la doctrina de que no hay zonas exentas de la fuerza normativa de la Constitución. Es decir, nadie puede estar por encima de la Constitución, y la consecuencia es que no hay zonas exentas del control constitucional. Es decir, nadie está por encima de la Constitución Política”, declaró.

El coordinador del  Área de Pueblos Indígenas cuestionó, en ese sentido, el proyecto que plantea que las decisiones del Congreso, como destituciones y nombramientos, no pueden ser objeto de control constitucional.

“El segundo cambio que propone un reciente proyecto de ley aprobado por la Comisión de Constitución, presidida por [Fernando] Rospigliosi, es que hay un conjunto de decisiones del Congreso, destituciones, nombramientos, en ejercicio de su competencia que no pueden ser objeto de control constitucional”, refirió.

“Esto es grave, porque no solamente se trata de que hay zonas de abuso que nadie puede tocar, sino que alteras la estructura del Estado. El Estado reposa, digamos, en mecanismos de control entre órganos. El Tribunal Constitucional puede declarar nula una ley que saca el Congreso, pero el Congreso puede destituirlos a ellos. Entonces, el Estado reposa en esta estructura de control entre poderes”, acotó.

“Pura retórica”

Criticó, del mismo modo, que para quien controla al Congreso y al Gobierno la Constitución es “letra muerta” o “pura retórica”. Subrayó que es grave que se debiliten los mecanismos para defender la Constitución y los derechos de las personas.

“[Con esto] se altera la estructura del Estado, se desequilibra todo y emerge un poder a quien nadie puede tocar. ¿Qué va a pasar cuando un día, por ejemplo, se cometan abusos contra estos mismos congresistas?, imaginémonos. Ellos mismos no van a poder recurrir a estos mecanismos. O sea, consagran el abuso”, expuso.

“O sea, le pone candado a un conjunto de tropelías, a un conjunto de ejercicio abusivo del poder. O sea, [eso es lo que] intenta obviamente este proyecto de ley, y al ser inconstitucional debería ser inaplicado por control difuso. Lo que hace es, efectivamente, que todos estos actos abusivos no puedan, en teoría, ser tocados. Eso es grave. O sea, es legislar con nombre propio”, argumentó.

Control de convencionalidad

Finalmente, remarcó que el Perú está obligado a cumplir los compromisos y convenios internacionales que firmó, y advirtió que eso no puede ser modificado a través de un proyecto de ley.

“Lo que hace este proyecto de ley es que desconoce, primero, una regla que se llama el control de convencionalidad. ¿Qué significa eso? Que un juez tiene que inaplicar cualquier ley, cualquier norma o acto administrativo que vaya contra la Convención de Derechos Humanos y contra la jurisprudencia de la Corte, lo que está diciendo es: no, solamente se aplican los casos de Perú”, aseveró.

“Eso significa privar a los peruanos de una jurisprudencia en muchos temas. O sea, es de locos, pero además no se puede. Estamos obligados —cuando hemos ratificado la competencia de la Corte— a cumplir esa jurisprudencia”, enfatizó.

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