Resolución histórica
Ideeleradio.- Hay avances en la judicialización del caso Cuninico, que comprende a cuatro comunidades de Loreto afectadas por el derrame de petróleo ocurrido en el 2014, sostuvo Juan Carlos Ruiz Molleda, coordinador del Área de Pueblos Indígenas y Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Fue al referirse a las demandas que se han presentado ante diferentes instancias del Poder Judicial e incluso el Tribunal Constitucional por el que exigen atención en salud, compensación y el tema de la servidumbre petrolera.
“[Sobre Cuninico] OEFA, luego de un proceso administrativo disciplinario encontró literalmente en [el 2015] responsabilidad administrativa de Petroperú por no darle mantenimiento al Oleoducto Norperuano, por daño real a la flora y fauna, y por daño potencial a la salud. Fue una resolución histórica, porque nunca antes se había reconocido que el derrame era por de falta de mantenimiento”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
El Tribunal Constitucional
Ruiz Molleda recordó que el Tribunal Constitucional expidió una sentencia, en el 2020, que ordena a Petroperú compensar a las comunidades nativas de Cuninico, San Francisco, Nueva Esperanza y Santa Rosa, afectadas por el derrame de crudo.
“Luego se judicializó el tema de la reparación. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional [del 2020] que le ordena a Petroperú compensar a esas comunidades. Y le ordena que valorice y, luego, se ponga de acuerdo en la compensación”, explicó.
“Ese informe se lo hemos alcanzado al juez; el juez que va a ejecutar la sentencia del Tribunal. Eso no se había hecho antes. Entonces, ahora le toca a Petroperú hacer la valorización y vamos a entrar a discutir”, puntualizó.
Atención a las comunidades
En otro momento, el abogado del IDL señaló que, tras la judicialización del caso, la Gerencia Regional de Salud de Loreto ha previsto cinco millones de soles para financiar el plan de atención a las comunidades afectadas.
“Luego, litigamos y pedimos a la Dirección Regional de Salud de Loreto que preste atención sanitaria, no lo hicieron. Judicializamos el caso, y hace tres semanas hubo la audiencia y la Gerencia Regional de Salud de Loreto ha ofrecido cinco millones de soles para financiar el plan de atención para estas cuatro comunidades que fueron afectadas por el derrame. Acuérdense que para los cocamas, el río es muy importante, porque toman agua del río, viven de la pesca”, manifestó.
Informó, asimismo, de la reciente audiencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto en la que se analizó, en segunda instancia, la demanda que presentaron las comunidades contra el Ministerio de Energía y Minas y Petroperú que pide que se cumpla con de pago de servidumbre petrolera.
“También se ha ganado, en primera instancia, una demanda por el pago de servidumbre. El oleoducto, [sobre el que] todos estamos de acuerdo que es interés público, pero atraviesa el territorio de la comunidad, atraviesa el río perpendicularmente. […] Cuando hay vaciante, es decir, baja el nivel del río, ya no pueden pasar los botes, o sea, se pierde un canal de navegación”, indicó.
“Esa superposición genera un impacto, parte en dos el territorio. Bueno, una buena noticia es que hemos ganado en primera instancia, y el juez de Nauta le ha ordenado al Minem que pague la servidumbre petrolera y hace una semana hicimos la audiencia en segunda instancia, y estamos a la espera. Entonces, sí hay avances”, acotó.
Precisó que, a nivel general en todo el país, ha habido más de 2000 derrames de petróleo, y que, de esa cifra, entre 60 o 70 derrames ocurrieron en el Oleoducto Norperuano, que es administrado por Petroperú.
Caso San Jerónimo
Por otra parte, el abogado del IDL mencionó que se han producido avances en el caso conocido como el de las ladrilleras. Detalló que el Primer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco ordenó a la Municipalidad de San Jerónimo el cierre de todas las ladrilleras informales que contaminan el aire.
“Hay cerca de 500 hornos clandestinos en San Jerónimo (Cusco), hay cerca de 160 ladrilleros que producen ladrillos, pero contaminando el aire que respiran los cusqueños. La OEFA, la Diresa del Cusco, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) han hecho estudios y todos están de acuerdo en algo: que se está contaminando por encima de los límites máximos permisibles”, afirmó.
“Se llevó el caso ante el Poder Judicial y se ha logrado una sentencia histórica. La Sala Civil de la Corte de Cusco le ordena a la Municipalidad de San Jerónimo que cierre todas estas ladrilleras. Estamos ahora en etapa de ejecución [de esa sentencia], hay una brutal resistencia”, sostuvo.
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