Juan Jiménez Mayor - Martín Vizcarra (Foto: Congreso)
Juan Jiménez Mayor - Martín Vizcarra (Foto: Congreso)

 

Acto bochornoso

Ideeleradio.- Hay suficientes elementos para activar un procedimiento de acusación por infracción a la Constitución, opinó el expremier Juan Jiménez Mayor, al comentar el caso del expresidente Martín Vizcarra y los exfuncionarios que se aplicaron de manera irregular la vacuna contra el coronavirus.

Fue al comentar que una acusación constitucional puede considerar dos vías: la de viabilizar el juzgamiento del delito de función, y la otra, la de sancionar la infracción constitucional.

“Hay un elemento que hay que tomar en cuenta y que muy pocas veces lo usamos en el Perú que es el de la infracción constitucional. Es decir, cuando un funcionario viola la Constitución de manera flagrante, deliberada y grave y, por supuesto, yo creo que estamos en un escenario de ese tipo por la situación dramática del país, el procedimiento de acusación constitucional se puede activar”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[…] De tal manera que esta es una vía que se tiene en el país para poder generar esta posible responsabilidad en el caso que se determine. Yo creo que hay suficientes elementos para eso. Básicamente del artículo 39 de la Constitución sobre el ejercicio de la función pública para poder determinar este acto bochornoso y gravísimo que ha cometido el expresidente y las exministras en este tema”, explicó.

Artículo 39

Jiménez Mayor sostuvo que hay un elemento importante a analizar que está vinculado una posible infracción constitucional respecto del artículo 39 de la Carta Magna, que establece que los funcionarios están al servicio de la Nación.

“Esto implica que [los funcionarios] no pueden utilizar el poder para fines subalternos, particulares, para ayudar a su familia, vacunar a su esposa o su hermano o para vacunarse a uno mismo por sobre el derecho de los demás y sobre todo por la política de sanidad que se planteó sobre la vacuna, incumpliendo lo que ellos mismos han producido”, refirió.

“Este es un elemento importante, porque está violando la finalidad de la función pública. Esto no es la declaración ética solamente, sino un principio que se ha establecido en la Constitución que no puede ser violado por ningún funcionario público”, argumentó.

Inhabilitación hasta por 10 años

El expremier sostuvo, que el Parlamento puede proceder a la inhabilitación si determina que se ha cometido una infracción a la Carta Magna.

“No solamente [la acusación] funciona para delitos, funciona para infracciones constitucionales y, en esa perspectiva, la sanción que se establece en la Constitución es la inhabilitación hasta por 10 años”, refirió.

“Es decir, el Congreso, concluido un procedimiento de acusación constitucional donde se haga una investigación seria y por supuesto célere, puede determinar responsabilidades por infracción a la Constitución y puede concluir y aprobar por resolución legislativa la infracción constitucional de la persona sujeta a este procedimiento”, puntualizó.

Congreso debe estar a la altura

El expremier señaló que el Legislativo tiene la oportunidad de estar a la altura de las circunstancias. Anotó que se debe de utilizar todos los procedimientos que la Constitución establece para determinar las responsabilidades.

“Creo que el Congreso tiene la oportunidad yo no diría de reivindicarse, porque va a ser muy difícil que lo haga, pero por lo menos de intentar estar a la altura de las circunstancias”, opinó.

“Estamos atravesando una de las peores crisis de la historia del país y creo que es momento que las personas que tienen responsabilidades sean investigadas y sancionadas de ser el caso, a través de los procedimientos que la propia Constitución establece”, aseveró.

Explicó, finalmente, el proceso de acusación constitucional, estipulado en el artículo 99 y 100 de la Carta Magna. Recordó que el presidente y los ministros tienen la prerrogativa del antejuicio, y que debe haber una decisión del Parlamento antes de procesarlos. Indicó que una vía puede ser además del delito de función, el de infracción constitucional.

“Ya hemos visto los blindajes que el Congreso ha dado a muchos funcionarios, inclusive tenemos una agenda pendiente de ciertos personajes como Alarcón y otros, donde hay una resistencia tenaz de poder avanzar en estos procedimientos. Por eso digo que se haga una  el Congreso con este caso. Pero en el caso de la infracción constitucional que es otra posibilidad de acusación, esto podría ser un elemento importante a considerar”, puntualizó.

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