Carlos Rivera - Ideeleradio
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Cerrando responsabilidades

Ideeleradio.- La titular de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, Jhousy Aburto Garavito, debería ampliar la investigación y comprender a otros oficiales, en base al informe de la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior, sostuvo Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del IDL. 

Fue al comentar el avance de las investigaciones de los sucesos ocurridos el 14 de noviembre pasado y del caso de la muerte de Inti Sotelo Camargo (24) y Jack Bryan Pintado Sánchez (22).

“[Ampliar la investigación] es el siguiente paso que correspondería que dé el Ministerio Público para ir un poco cerrando el cuadro de responsabilidades que corresponde a los hechos que son materia de investigación”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“En realidad, la evidencia respecto de la forma en cómo murieron los jóvenes o cómo fueron lesionados otros tantos, el uso de armas de fuego, el uso de proyectiles no permitidos, esa es una información cuya evidencia ya está en la carpeta fiscal”, refirió.

Tendremos que pedirlo

Rivera Paz consideró que si la Fiscalía no toma esa decisión, la parte civil planteará esa ampliación de la investigación, a la luz del informe de la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior

“Esa decisión todavía no se ha tomado […] Es una información cuyo contenido ya se tiene conocimiento, y, desde mi punto de vista, la decisión que ha debido tomar ya la Fiscalía es incorporar a esas personas como investigados. Lo tendremos que hacer en términos de una solicitud formal”, declaró.

“Si eso no ocurre, obviamente tenemos que actuar como parte de la investigación en el sentido de hacer solicitudes concretas a la Fiscalía, en términos específicos la incorporación de estos oficiales que son señalados en el informe de Integridad de la PNP a la investigación en condición de investigados, que creo que es lo que [corresponde]”, argumentó.

Ampliación de la investigación

Mencionó que recientemente se han retomado las diligencias y que lo que correspondería es que el Ministerio Público incorpore a otras personas en calidad de investigados en el marco del plan de operaciones de la Policía ejecutado entre el 9 y el 14 de noviembre del 2020.

“Desde mi punto de vista, ya correspondería que el Ministerio Público, específicamente la fiscal Jhousy Aburto, amplíe la investigación. No puede ser que una investigación, con 100 días encima, solamente tenga dos investigados que, es el señor Jorge Cayas (exjefe de la Séptima Región Policial Lima) y el señor Jorge Lam (exsubcomandante de la PNP)”, sostuvo.

“En realidad, me parece que la información [brindada por la Oficina General de Integridad del Ministerio del Interior] que tiene el Ministerio Público es una información que ya da cuenta de que obviamente no solamente Lam y Cayas fueron los responsables, sino que hay otros oficiales que tendrían que ser ya incorporados a la investigación en condición no de testigos, sin duda alguna, sino de investigados”, anotó.

Informe PNP es revelador

El abogado del IDL calificó de “bastante revelador” el informe de la Oficina General de Integridad Institucional del Mininter “sobre las responsabilidades de los jefes policiales sobre todo durante las operaciones del 14 de noviembre”.

“En realidad, me parece que la evidencia y el aporte que el documento [de la Oficina de Integridad de la PNP] tiene es un aporte sumamente revelador. Es una información que no se tenía, porque cuando tuvimos conocimiento de los planes de operaciones habían otros nombres que, luego, en alguna declaración han sido desestimados y, por tanto, daba cuenta de una intervención de último momento de los jefes policiales en términos de designar otros oficiales a cargo de esas intersecciones en donde ocurrieron sobre todo la muerte de Bryan y de inti”, refirió.

“El documento revela la identidad de esos oficiales y, por lo tanto, el paso que corresponde es que esos oficiales sean incorporados como investigados, porque justamente el relato del cual se tiene conocimiento, que ha sido incorporado a la carpeta de información, y la información de la Oficina de Integridad me parece que ayuda a entender que, por lo menos, hay una sospecha de que esos oficiales tuvieron la intervención en el desenlace fatal que ocurrió respecto de Inti y de Bryan”, puntualizó.

Organismos internacionales

Finalmente,  sostuvo que sería una buena señal que el Ministerio Público también recoja las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas en torno a lo ocurrido en las marchas de noviembre del 2020 y la muerte de Inti y Bryan.

“Sin duda alguna [las recomendaciones de organismos internacionales también van a ser tomadas en cuenta]. Por lo menos el documento de la Oficina de Integridad de la PNP recoge esas recomendaciones fundamentalmente del informe de Naciones y también de la CIDH”, dijo.

“Creo que el Mininter ha expresado una buena voluntad de trasladar esa información a una investigación de carácter penal. Corresponde que no solamente el Ministerio del Interior haga eso, sino sobre todo que el Ministerio Público acoja esas recomendaciones. Los documentos también han sido presentados”, agregó.

Finalmente, consideró que los informes de dichos organismo internacionales son relevantes para el curso de la investigación.

“La Fiscalía debe haberse dado el trabajo de por lo menos descargar el contenido de esos documentos, porque son relevantes para el curso de la investigación. Más aún si contienen recomendaciones sobre el curso de la investigación. Allí hay varias pistas que están abonando a una reconducción de la investigación en el momento en que estos documentos han sido difundidos. Y tienen que ser tomados en consideración”, indicó.

Cabe indicar que la Fiscalía de la Nación, designó el 31 de diciembre del 2020 a Jhousy Aburto Garavito como titular de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, quien se dedicará de manera exclusiva a las investigaciones relacionadas con las manifestaciones sociales de noviembre.

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