Álvaro Másquez - Ideeleradio
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Convenio es del 2017

Ideeleradio.- Hay una desnaturalización de la función policial cuando descubres que la minera Glencore Antapaccay tiene un convenio vigente con la Policía Nacional, y lo relacionas con la agresión que sufrió un grupo de defensoras de derechos humanos por resistirse al despojo de sus tierras en la comunidad campesina Alto Huarca, en la provincia de Espinar (Cusco), dijo Álvaro Másquez, miembro del Área de Pueblos Indígenas y Litigio Constitucional del IDL.

Fue al referirse a la violenta represión que sufrió recientemente un grupo de madres de familia y abuelas de la comunidad campesina Alto Huarca, que resistió al desalojo de sus viviendas, según denunció la asociación Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF).

“En este caso es evidente que hay una desnaturalización de la función policial cuando descubres que la minera Antapaccay tiene un convenio vigente con la Policía Nacional”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“El último convenio que han tenido —porque han tenido varios— fue suscrito en diciembre del 2017 y está vigente. Los convenios suelen hacerse por uno o dos años”, precisó.

El especialista sostuvo, en ese sentido, que cuando la Policía actúa con el uniforme y armas de la institución, no se sabe si en realidad está ejerciendo su función como autoridad o como guardia de seguridad privada. Apuntó que eso genera una criminalización de la protesta.

Sometidos a la empresa

Explicó que el incidente se desarrolló en un contexto donde la empresa desea hacerse de la tierras de la comunidad, y en el que se generó que un conjunto de trabajadores de la compañía vaya con policías.

“Lo que no se ve es que estos [policías] están sometidos a la empresa por un convenio. Ellos van como policías, como el Estado, y en este contexto exigen a las comunidades que les den sus tierras que ellos están ocupando para hacerlas parte, en este caso, de una carretera que facilite el ingreso y salida de las maquinarias que transportan minerales de la empresa”, denunció.

“Esto es sumamente importante porque las personas que son agredidas no solamente merecen protección porque son seres humanos […] sino porque son defensoras de derechos humanos que reivindican sus derechos sobre la tierra”, anotó.

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