Álvaro Másquez - Ideeleradio
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Coordinación defectuosa

Ideeleradio.- En el marco del Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, hay siete ministerios que tienen actuaciones defectuosas en la respuesta que tiene que dar el Estado a las amenazas que reciben los líderes indígenas y la atención de los problemas que se presentan en las comunidades, sostuvo Álvaro Másquez, integrante del Área de Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Fue al comentar la presentación del informe Mecanismo en emergencia. Balance del primer año de funcionamiento del “Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos” en los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, elaborado en una alianza colaborativa entre el IDL y Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional.

“Con relación a buenas prácticas o a la actuación de cada uno de los sectores que integran el mecanismo, lo que hemos podido evidenciar es en principio que solamente el Ministerio de Justicia está cumpliendo con las obligaciones que se les han asignado en el marco del mecanismo intersectorial y los otros siete sectores tienen, sobre todo, actuaciones defectuosas”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Nosotros, y eso solamente para ejemplificarlo, pudimos acceder a través de información pública, a un listado de las reuniones de coordinación que se tienen en el marco del mecanismo y de 22 [reuniones] solo el Ministerio de Justicia había asistido al 100 %, mientras que otros sectores como el Ministerio del Interior habían asistido apenas al 41 % o sectores como Agricultura, que tienen mucho que ver en materia de titulación de territorios, al 14 %. Entonces, eso es del lado que funciona. La coordinación creemos tiene impulso desde el Ministerio de Justicia y eso es bueno”, refirió.

Los desaciertos

Másquez Salvador cuestionó, en ese sentido, que el Ministerio de Justicia, coordinador del mecanismo intersectorial, no tenga en la práctica capacidad de mando sobre los otros sectores. Como parte de los desaciertos, cuestionó la actuación de los ministerios del Interior, de Desarrollo Agrario y Riego, de la Mujer y de Cultura.

“Entonces, por más gestiones y actuaciones que se hagan desde Justicia, si Interior no dispone que para un dirigente indígena en peligro de muerte se le pueda hacer acompañamiento policial; si el Ministerio del Ambiente no empieza con fiscalizaciones ambientales, denuncias ambientales; si no se involucra cuando existe riesgo de que se afecte a las mujeres o a los integrantes del núcleo familiar, si no se integra el Ministerio de la Mujer; si el Ministerio de Cultura parece que no tiene funciones reales en el mecanismo, entonces partimos de un mal piso”, indicó.

“Dentro de lo bueno, hay algunas cosas que rescatar, pero en el balance general que hemos encontrado es que estas cosas buenas no logran resultar en que lo malo se corrija. Por lo tanto, nuestro balance final sobre este punto entre lo bueno y lo malo es que lo malo termina superando seguramente a las buenas intenciones de la gente que quiere hacer bien las cosas, y eso como resultado que genera el índice de violencia se mantiene en la Amazonía”, señaló.

Cabe recordar que el mecanismo vincula a estos sectores: el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio del Interior, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Energía y Minas, y Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Primer año de funcionamiento

Consideró, no obstante, que la existencia del propio Decreto Supremo 004-2021-JUS, que crea el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, publicado el 22 de abril del 2021, es un progreso, pues hay un problema grave de violencia en la Amazonía.

“Ha sido el primer año de funcionamiento del mecanismo intersectorial para la protección a personas defensoras de derechos humanos del Ministerio de Justicia. Desde abril del año 2021 hasta el año 2022 hemos encontrado una serie de hallazgos que podemos dividir, a grandes rasgos, entre una lista de aciertos y otras de desaciertos”, dijo.

“Empezando por los aciertos, porque es bueno reconocer cuando se hacen las cosas bien desde el Estado, hay que señalar que el propio surgimiento del mecanismo ya es un logro dentro de funcionarios que no siempre ven el problema de la violencia dentro, por ejemplo, de pueblos indígenas, y me refiero a pueblos indígenas porque prácticamente el 95 % de los casos del mecanismo son de pueblos indígenas. Entonces, hay un problema grave de violencia en los sectores rurales de la Amazonía, la región andina que no se estaba atendiendo, ya que exista la norma es un progreso. Ahora, no hay que quedarnos en eso”, declaró.

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