Juan José Quispe - Ideeleradio
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Justicia y sanción

Ideeleradio.- El homenaje que realizó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos a las mujeres víctimas en el caso Manta y Vilca (Huancavelica) es un reconocimiento a su valor y perseverancia ya que llevan más de treinta años buscando justicia y una sanción ejemplar contra un grupo de militares que las violentaron sexualmente entre los años 1984 y 1995, afirmó Juan José Quispe, integrante del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Fue al referirse al premio especial que recibieron 11 de las mujeres en el marco de la XXIX Ceremonia de Premiación Anual en Derechos Humanos.

“Es un reconocimiento al valor, al empuje y la perseverancia que tienen estas personas buscando justicia por más de treinta años. […] Ellas no quieren dinero, quieren un resarcimiento público, un resarcimiento del Poder Judicial que identifique a los autores [de los crímenes] y los sancione como debe ser”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“El Poder Judicial [en este caso] debería dar una sentencia ejemplar, sobre todo porque los militares cuando fundaron esas bases tenían la misión de proteger a la población, no de quitarles la indemnidad sexual. Muchas de las agraviadas en ese tiempo eran menores de edad”, apuntó. 

La recusación de los acusados

Subrayó, por otra parte, que la estrategia de defensa de los inculpados busca “traerse abajo” a la Sala Penal Nacional, tribunal que investiga este caso. Advirtió que el colegiado ha sido recusado hasta en dos oportunidades. 

En este nuevo juicio, que viene desde el mes de marzo de este año, estamos recién en la etapa de interrogatorios de los acusados. La nueva estrategia de defensa de los acusados es traerse abajo al tribunal. […] Los abogados recusan; esta sala ha sido recusada dos veces”, indicó.

El abogado del IDL explicó que los imputados han cuestionado que el tribunal haya aceptado la presencia, en el juicio, de un traductor y de una psicóloga, así como el hecho de que el caso, a pedido de las víctimas, sea de carácter público. 

“[El tribunal] ha dado tres cosas fundamentales […] se estableció que sea un intérprete de la propia zona de Huancavelica [en que se encuentre presente en el juicio]. En segundo lugar, que las víctimas, cuando declaren —además de hacerlo en su propio idioma— tengan en la misma sala de audiencia a una profesional de psicología para dar soporte emocional. El tercer elemento es que el público debería conocer [el caso]”, informó.

Precisó que si bien lo usual es que en casos de violencia sexual sean de carácter reservado, las víctimas de Manta y Vilca han expresado su voluntad de que este caso sea público para que la sociedad pueda conocer sus historias. 

“En los casos de violencia sexual la norma procesal penal establece que los procesos son reservados para proteger la identidad de las víctimas, pero lo que han dicho las nueve agraviadas en este caso es que quieren que el caso sea público […] Por primera vez tenemos un caso de violencia sexual que tiene las características de un juicio público. Es decir, cualquier persona puede ir y ver este juicio, y presenciar las barbaridades que están diciendo los acusados”, aseveró.

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