Juan Carlos Ruiz - Ideeleradio
Juan Carlos Ruiz - Ideeleradio

Ideeleradio.- Hemos presentado una demanda de hábeas corpus a favor de la ciudadana canadiense Jennifer Moore porque existe una amenaza inminente de que vuelva a ser detenida, afirmó Juan Carlos Ruiz, coordinador del Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Fue al comentar la situación del ciudadano estadounidense John Dougherty y la ciudadana canadiense Jennifer Moore, quienes fueron detenidos y, luego, liberados el pasado 22 de abril al terminar el cine-foro Desde Canadá al Sur Andino de Perú, el caso de HudBay Minerals en el Cusco, ya que —según se señaló— se encontraban en calidad de turistas, lo que restringiría ciertas actividades, como trabajo.

“El día de [ayer] por la tarde se ha presentado una demanda de hábeas corpus, porque en este momento existe una amenaza inminente de que estas personas puedan ser, otra vez, detenidas arbitrariamente. De hecho, Jennifer Moore tiene pasaje para julio para regresar al Perú. Existe una amenaza de que, otra vez, vuelva a ser privada de su libertad”, argumentó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

PJ debe ordenar cese de intimidación 

El abogado del IDL sostuvo que la demanda de hábeas corpus lo que busca es que el Poder Judicial ordene a la Policía Nacional cese en sus actos de intimidación y seguimiento contra dichas personas.

“Aquí lo que ha habido es un acto grave de censura. Es decir, no se puede cuestionar las malas prácticas de las empresas mineras porque para el Ministerio del Interior, para la Policía y para migraciones eso afecta el orden público. No solamente es la libertad ambulatoria de estos dos defensores de derechos humanos, sino está el derecho de todos a opinar. Hay derecho de opinión, pero parece que no se han dado por enterados algunas autoridades”, manifestó.

“Ahorita, hay un proceso en migraciones abierto contra ellos, hubo seguimiento y hay una amenaza de que esos hechos vuelvan a repetirse”, señaló.

Es falso que empresa HudBay haya cumplido normas 

Por otro lado, sostuvo que es falso que la empresa minera, a la que hicieron referencia los documentalistas, haya cumplido con todas las normas para desarrollar sus actividades.

“Se ha dicho [que es] una empresa que ha cumplido con todas las normas y eso es falso. Esa empresa está en territorios de comunidades campesinas, que son pueblos indígenas, y no se ha consultado el proyecto Constancia [de la empresa minera], pero para el Estado, eso no afecta el orden público. Solo cuando se proyecta un video que los cuestiona de manera pública”, cuestionó.

“Qué casualidad que hay un convenio entre la empresa minera HudBay y la policía. Es decir al final para la policía afecta el orden público todo aquello que cuestione la empresa con la que tiene un convenio”, expresó.

Cuestinaremos ante la CIDH convenios con la PNP 

En ese sentido, Ruiz Molleda informó que el próximo 25 de mayo habrá una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde se planteará y cuestionará los convenios que existen entre las  empresas mineras y la Policía.

“En este caso, es un caso claro de las consecuencias nefastas de esos convenios entre empresas mineras y policía, que en los hechos privatiza el orden interno. Los policías en vez de estar cuidando a la gente están ocupados brindando un servicio privado, con uniformes, con recursos, con una arma que le da el Estado para cuidarnos a todos. Esta logística termina siendo utilizada para dar un servicio privado”, finalizó.

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