Nancy Mejía - Arturo Huaytalla - Fabiola Franceza - Foto: Ideeleradio
Nancy Mejía - Arturo Huaytalla - Fabiola Franceza - Foto: Ideeleradio

Ideeleradio.- La mayoría de los objetivos que se planteó el Ministerio del Interior (Mininter) para el año 2017-2018, a favor de la seguridad ciudadana y contra el crimen organizado, no se llegarían a cumplir, concluye el Informe Anual de Seguridad Ciudadana 2017, elaborado por el Área de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Así lo estimó Arturo Huaytalla, investigador de IDL-Seguridad Ciudadana, quien sostuvo que el compromiso de recuperar la confianza de la sociedad en el trabajo de la Policía Nacional del Perú, con el objetivo de que sea percibida como la mejor institución pública del país en el Bicentenario, es una meta difícil de concretarse.

“Probablemente por la distancia numérica no se llegue [a la meta]: la confianza en la Policía, el número de denuncias, la percepción de inseguridad ciudadana, son solo algunos de los indicadores que se encuentran muy alejados de los objetivos planteados al 2018 por el Gobierno”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Comentó que otro de los resultados que muestra el estudio está referido a la reducción de la victimización que viene descendiendo sostenidamente desde el 2011. Sin embargo, precisó que dicha mejora no necesariamente estaría relacionada con las políticas públicas emprendidas por el gobierno actual.

“Uno de los indicadores en los que hemos mejorado bastante es el de la victimización […] Este indicador viene reduciéndose desde el año 2011 […] En ese momento 4 de cada 10 personas eran víctimas, […] ahora casi 2 de cada 10 lo son”, afirmó.

Desigualdad en los recursos para enfrentar la inseguridad

Por otro lado, Fabiola Franceza, integrante de IDL-Seguridad Ciudadana, dijo que el Informe Anual pone en evidencia que existe una gran desigualdad en materia de seguridad ciudadana. Mencionó que de los 50 distritos que componen Lima Metropolitana, solo cinco cuentan con un número adecuado de policías.

“La realidad de cada distrito es bastante diversa […] podemos ver grandes distancias. Por ejemplo, […] solo cinco distritos tienen una adecuada distribución de policías. Cinco de 50 es bastante poco y nos deja en una situación irregular”, explicó.

“Estos cinco distritos son: Punta Negra, Punta Hermosa, San Bartolo, La Punta y Santa María del Mar. Son distritos que, a comparación de otros, tienen mucha menor población y son básicamente los distritos balnearios. Los demás están muy lejos a lo que deberían ser en cuestión de policías”, detalló.

La investigadora del IDL señaló además que el problema de la desigualdad también se muestra en el caso de los serenos municipales y la formación que reciben. Indicó que de acuerdo a la información entregada por las propias municipalidades, 11 distritos envían a sus serenos a las calles con menos de 10 horas de capacitación; en el otro extremo, el distrito de San Isidro –el que más horas de capacitación brinda– exige más de 400 horas de capacitación a quienes efectúan el servicio de serenazgo.

El trabajo comunitario

Nancy Mejía, una de las fundadoras del Área de Seguridad Ciudadana del IDL, comentó, finalmente, que a pesar de la falta de infraestructura y de logística, también hay buenas expectativas respecto a la labor de la ciudadanía y de la Policía en las zonas que han sido objeto de estudio.

“Tenemos la esperanza en los trabajos comunitarios que hay en diferentes distritos que hemos seleccionado. […] El trabajo coordinado de la Policía con la comunidad y los trabajos coordinados de autoridades locales, en el caso de los alcaldes, han dado resultados realmente efectivos”, apuntó.

Precisó que el informe recoge cinco experiencias locales que han tenido un impacto positivo en sus respectivas áreas de intervención y que pueden servir de modelo para emprendimientos similares y políticas públicas locales en materia de seguridad. Tres de las buenas prácticas analizadas corresponden a Lima Metropolitana (Mirones, Pamplona Alta y Huaycán) y la cuarta y quinta experiencia, a la región de Loreto y a la provincia de Huaura, respectivamente.

Mejía Huisa resaltó, por ejemplo, el caso de Huaura. “[Esta provincia] nos dice bastante de cómo se puede hacer comunidad en lugares muy peligrosos, en donde a veces hasta al mismo Estado le cuesta poder intervenir”, refirió.

“En la provincia de Huaura […] nos encontramos con una figura de una comunidad realmente muy bien organizada. Los seis distritos están […] liderados por un coordinador provincial de seguridad ciudadana […], salen a la calle a patrullar y han coincidido con policías comunitarios”, expuso.

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