Lo más visto

IDL: Hay un andamiaje institucional que busca criminalizar la protesta social

Coordinador del Área de Pueblos Indígenas, dijo, en este sentido, que es necesario diferenciar los actos de saqueo y vandalismo del ejercicio legítimo de la protesta.

21-05-2018

1296

Hay una estrategia

Ideeleradio.- Hay una estrategia que busca promover la criminalización de la protesta afirmó el coordinador del Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal, Juan Carlos Ruiz, al cuestionar la norma que establece como delito de extorsión la toma de carreteras o locales públicos.

Fue al comentar la decisión del decano Colegio de Abogados de Puno, Edgar Dante Sánchez Mamani, representado por los abogados Juan Carlos Ruiz Molleda y Wilmer Quiroz Calli, de interponer una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 200 del Código Penal, que regula como delito de extorsión la toma de carreteras o locales públicos, incluso los casos en que estas se realizan en el ejercicio del derecho a la protesta.

“Hay una estrategia que promueve la criminalización, con normas penales como el delito de la extorsión, con el tema de los estados de emergencia preventivos y los convenios entre empresas mineras y policías. Creo que hay un andamiaje institucional que promueve la criminalización”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

El derecho a la protesta

El abogado dijo, en este sentido, que es necesario diferenciar los actos de saqueo y vandalismo —que deben ser sancionados— con el ejercicio legítimo de la protesta.

“Al delito de extorsión que está en el Código Penal, en el artículo 200 le hicieron una modificación espantosa que sí tomas un local, una carretera, un local público estás cometiendo delito de extorsión, entonces te ponen 15 años de pena privativa, y prisión preventiva”, refirió.

“No estamos a favor del vandalismo y de saqueo, pero sí es que por ejemplo, un conjunto de padres toma el colegio para exigir al Ministerio de Educación mayor infraestructura, entonces cometes el delito de extorsión o si un conjunto de ancianos toma una plaza pública porque la pensión es baja, entonces cometes delito de extorsión. Esta es criminalización de la protesta. Hay que diferenciar los actos de saqueo y vandalismo, con el ejercicio legítimo de la protesta”, argumentó.