Juan Carlos Ruiz - Ideeleradio
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Estado no hace nada

Ideeleradio.- Hay desidia e indolencia en el Gobierno ante la emergencia humanitaria que existe en Cuninico, afirmó el coordinador del Área de Pueblos Indígenas y Litigio Constitucional del IDL, Juan Carlos Ruiz.

Fue al comentar el derrame de petróleo causado por una fuga en el Oleoducto Norperuano en el 2014, en la quebrada de Cuninico, que impactó en el ambiente y salud de las comunidades nativas de San Francisco, Nueva Esperanza, Cuninico y Santa Rosa, ubicadas en el distrito de Urarinas, región Loreto.

“Cuando recién ocurrió el derrame con la comunidad de Cuninico, presentamos una demanda de cumplimiento y en febrero de año pasado una jueza concede las medidas cautelares y le ordena al Ministerio de Salud que en el plazo de 30 días diseñe e implemente una política pública de emergencia para atender a los afectados, las cuales inclusive cuando sean apeladas, tienen que ser cumplidas. En febrero, se ordena y no se ha cumplido hasta ahora”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“El derrame ocurrió en junio del 2014, y en enero del 2016 va recién el Ministerio de Salud y toma las muestras de sangre y orina. Nos vamos para los cuatro años y hasta ahora esa gente no recibe atención médica y hasta el papa Francisco habló sobre los derrames de petróleo. Me parece grave la indolencia y desidia de parte del Estado”, manifestó.

CIDH también se pronunció

En ese sentido, Ruiz Molleda recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue a la zona afectada en diciembre del 2017 y ordenó medidas cautelares para que el Estado brinde atención médica, agua potable y alimentación, pero que hasta el momento tampoco se cumplen.

“La gente ha recurrido a un Poder Judicial, recurre al Congreso, la OEFA se pronuncia, la Comisión Interamericana se pronuncia, y el Estado no hace nada. Es decir, no terminan de atender la urgencia. La gente no tiene agua, no tiene alimentación, la comida está contaminada. Además, vivían de la pesca, y ahora no pueden pescar y nadie les compra, a pesar de ese cuadro de emergencia humanitaria, el Estado no hace nada, recurren a los mecanismos institucionales y no se hace nada”, argumentó.

“Después se quejan cuando la gente bloquea los ríos. A la gente la obligan a esto […] Realmente acá hay una emergencia humanitaria. Cuando hay un derrame y eso no se entiende desde Lima, la gente tiene que tomar agua contaminada, come pescado contaminado, y eso genera un daño terrible”, indicó.

Responsabilidad penal de Petroperú

Finalmente, Ruiz Molleda señaló que el Congreso de la República, haciendo eco de estas denuncias, crea una comisión de investigación para buscar a los responsables de los derrames.

“El informe de mayoría dice cosas increíbles, que hay relación entre falta de mantenimiento y derrames, que hay presunción de indicios de responsabilidad penal, porque Petroperú al momento de contratar a las empresas que iban a remediar contrató a empresas que no tenían la calificación necesaria y habla de presunción de delitos, de corrupción de funcionarios”, explicó.

“Tiene una tesis que es bien interesante, dice que ha costado 800 millones el oleoducto y era para 40 años, pero hasta ahora se han gastado casi 900 millones en todo lo que es la reparación por los derrames. ¿Qué dice el Congreso?, que no solo darle mantenimiento era algo inmoral, sino fue el peor negocio de Petroperú porque casi quemaron el motor”, explicó.   

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