Congreso - Foto: Parlamento
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Un serio problema

Ideeleradio.- Es lamentable que congresistas pertenecientes a partidos políticos cuestionados participen dentro de la comisión especial del Congreso que elegirá a los nuevos magistrados  del Tribunal Constitucional, anotó Cruz Silva del Carpio, coordinadora del Área de Justicia Viva del IDL

“Lo que está sucediendo en estos momentos es que quienes integran la comisión [para el nombramiento del TC] son congresistas pertenecientes a partidos políticos que han tenido sus problemas ante el sistema de justicia y eso despierta las alertas y no debieran participar de la promoción de la nueva elección de magistrados del TC”, indicó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[…] Esto es un serio problema, porque lamentablemente el Congreso no ha podido o no ha querido conformar la comisión de tal manera que los partidos cuestionados en su legitimidad para llevar a cabo adelante un proceso como este no logren participar”, apuntó.

Reglamento sin garantías

Sostuvo, además, que en la propuesta del reglamento para la elección de los miembros del TC no garantiza que haya una correcta elección.

“En la propuesta del reglamento [para la elección] se dice que se debe realizar el nombramiento de una persona con una trayectoria moral intachable, profesional, democrática, pero lo cierto es que la reglamentación posterior no hace posible debidamente la evaluación de esos criterios esenciales”, anotó.

“Quiénes están ahorita en la comisión representados a través de sus integrantes son: Unión por el Perú con el congresista José Vega, Alianza para el Progreso con la congresista Tania Rodas, está también Podemos con José Luna, está acción AP, Fuerza Popular y otros partidos como el Frente Amplio, Frepap y el Partido Morado”, detalló.

Medida cautelar

Por otro lado, no descartó que se pueda emitir una medida cautelar que busque impedir que este Congreso sea el que, finalmente, nombre a los magistrados del máximo órgano constitucional.

“[…] Los ciudadanos tenemos el derecho de que esas decisiones [en la elección de las autoridades] sean públicas y motivadas, sobre todo porque están relacionadas a un proceso de elección de una alta magistratura y los procesos de amparo podrían pensarse en este escenario”, aseveró.

“Por lo general, esto [del amparo] ya es con respecto a una normatividad emitida, pero también tenemos en cuenta que en situaciones complejas y nuevas en crisis las figuras jurídicas se renuevan, se recrean, y se trata de un derecho vivo”, precisó.

Recordó, en ese sentido, una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Mencionó que esta establece que, en esta pandemia, los estados están obligados a promover y defender las bases del sistema democrático.

“La CIDH debe recordar que en este momento ha sacado una resolución donde habla que los estados están obligados en medio de la pandemia promover y defender las bases del Estado democrático y lo que está aconteciendo esta comisión [del Congreso] es generar preocupaciones”, puntualizó.

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