Rocío Meza - Ideeleradio
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Estrategia adecuada

Ideeleradio.- Es una buena noticia que el Poder Judicial haya ordenado atender a las comunidades awajún afectadas por el derrame de petróleo del 2016, sostuvo Rocío Meza, abogada del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Fue al referirse a la resolución del Primer Juzgado Civil de Bagua (Amazonas) que declara fundada en parte la demanda del caso Chiriaco, interpuesta en septiembre de 2017 por representantes de la Comunidad Nativa de Nazareth, así como las de Pakun, Wachapea y Umuaky, con el patrocinio del Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).

“El juez ha ordenado más o menos en línea con la medida cautelar [del 2018]. La medida cautelar es algo provisional. Ahora esta sentencia es definitiva. Y efectivamente en la sentencia el juez reconoce que el Ministerio de Salud y las entidades correspondientes no han cumplido con elaborar un plan adecuado”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Es más, incluso el juez ha hablado del perjuicio psicológico y también del perjuicio ambiental de este derrame. Y ha ordenado nuevamente que el Estado, el Minsa y el Gobierno Regional de Amazonas, coordinadamente, elaboren una estrategia adecuada con los planes y las actividades correspondientes. […] Es una buena noticia lógicamente, a pesar de que han pasado seis años”, puntualizó.

Atención urgente

Meza Suárez explicó que lo que se necesita es una estrategia, planes y actividades para que los planes estratégicos sean implementados de forma adecuada. Mencionó que la decisión judicial dispone que se hagan los análisis a todos los posibles afectados por el derrame de crudo.

“Que los afectados primero sean detectados, o sea que se hagan los análisis a todos los posibles afectados por este derrame, que no solamente son estas comunidades que presentaron la demanda, sino son más comunidades, solamente que no podrían todas presentarse al proceso”, declaró.

“[La resolución dispone] recibir una atención urgente y especializada en contaminación por sustancias toxicas con metales pesados, y que se le cubra totalmente todo el tema de salud. Incluso que se vaya monitoreando permanente la salud y el ambiente de la zona afectada”, indicó.

Cabe recordar que el Juzgado ha ordenado que el Ministerio de Salud, el Gobierno Regional de Amazonas y la Dirección Regional de Salud de la misma región “aprueben planes, diseñen, implementen, evalúen, dirijan, supervises, fiscalicen y ejecuten las acciones, estrategias de Salud Pública de Emergencia en las comunidades nativas de Wachapea, Pakun, Umakay y Nazareth; y cumplan con una atención médica especializada gratuita a todos los integrantes de dichas comunidades nativas.

La medida cautelar

La abogada recordó que el 2018, el Primer Juzgado Civil de la provincia de Bagua notificó que declaró fundada la solicitud de medidas cautelares, pues las comunidades no recibían ningún tipo de atención especializada y ya presentaban una serie de síntomas de intoxicación.

“Representantes de las comunidades presentaron una acción de amparo, con apoyo del Caaap, IDL y la CNDDHH. Un año y medio después, el juez otorgó la medida cautelar que habíamos solicitado, porque era un caso de emergencia, igual pasó un año y medio. El juez ordenó que el Estado, el Gobierno Regional de Amazonas, también el Ministerio de Salud elaboraran una estrategia de emergencia para esas poblaciones para que fueran detectadas qué personas estaban contaminadas, haciendo los estudios respectivos, y que recibieran una atención especializada para contaminación por crudo, y que sea gratuita”, aseveró.

“Lamentablemente, a pesar de la gravedad, en esos momentos, el Ministerio de Salud y el gobierno regional no cumplieron a cabalidad la medida cautelar del juez, porque realizaron servicios de salud comunes y corrientes, ginecología u odontología, pero no otorgaron una atención especializada por contaminación por derrames de petróleo. Ese es el problema; eso fue en el 2018. Presentaron unos informes, se presentó un plan al juez, pero era totalmente deficiente. En resumen, querían hacer pasar por una atención especializada las atenciones comunes y corrientes de salud, que el Estado debe otorgar normalmente”, agregó.

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