Carlos Rivera - Ideeleradio
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No se ha expuesto mayor idea

Ideeleradio.- El Estado peruano tiene que definir su política migratoria en el marco de sus responsabilidades constitucionales  y de carácter internacional, y en términos de la vigencia de los derechos fundamentales de los migrantes que están relacionados al acceso a la salud, la educación y la justicia, planteó Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del IDL.

“Creo que en el caso de los migrantes y refugiados es una agenda sobre la cual no se ha tenido y no se ha expuesto mayor idea, y lo poco que se ha dicho en realidad ha caminado como que en un sentido contrario a la vigencia y al respeto a los derechos fundamentales de no miles, sino cientos de miles de personas migrantes venezolanas que están en el Perú”, dijo en Ideeleradio.

“Si bien existen algunas iniciativas en términos de corregir limitaciones o ausencias de políticas, en realidad eso no termina siendo suficiente, cuando tienes un volumen de migración tan importante como el que el Perú tiene. Estamos hablando de por lo menos un millón cien mil o doscientos mil venezolanos que están en el país. Por lo tanto, allí de nuevo tendrá que ser el Estado peruano el que creo —aquí sí muy claramente— tiene que definir una política migratoria”, apuntó.

Derechos fundamentales

Rivera Paz comentó que lo que se requiere desde el Estado es un nivel de organización en el sector público sobre la base de una clara definición y de reconocer los derechos fundamentales de los migrantes.

“El Perú es el segundo o tercer país de recepción de migrantes en la región, solo superado por Colombia, y probablemente por Brasil. El Perú es el primer país con solicitudes de refugio de migrantes venezolanos a nivel mundial, y muchos de los problemas que se ha logrado expresar en términos de la vigencia de los derechos fundamentales de los migrantes que están relacionados a la salud, la educación, al acceso a la justicia son problemas que no se han resuelto”, indicó.

“El Estado peruano no puede desarrollar una política migratoria simplemente sobre la base de algunas opiniones o gestos del presidente de la República. Se necesita una no solo voluntad, sino un nivel de organización sobre la base de una idea de qué cosa es lo que se quiere hacer con los migrantes y de qué manera, por ejemplo, se va a pasar a reconocer los derechos fundamentales de estas personas”, agregó.

Solicitudes de refugio

Finalmente, el abogado del IDL remarcó que el Estado tiene que, como una de las tareas pendientes, responder a las solicitudes de refugio que no están siendo atendidas.

“Pongo el ejemplo de las decenas de miles de solicitudes de refugio que no están siendo atendidas, y que merecen una respuesta. Y lamentablemente ahí el Estado peruano ha tenido una actitud absolutamente displicente, una actitud absolutamente vinculada a una suerte de que la inercia resuelva los problemas, y lamentablemente en el Perú la inercia no resuelve ningún problema”, declaró.

“Y en el caso de migrantes, creo que la única conclusión a la que podríamos arribar a finales del 2021 es que es un problema que se ha ido empeorando con el tiempo, primero, porque el volumen de migración es cada vez mayor y, segundo, porque los problemas económicos y sociales se han ido complejizando, y no ha habido una respuesta institucional de parte del Estado peruano. Por lo tanto, ahí el reto es un reto muy vinculado a las responsabilidades tanto constitucionales como de carácter internacional que tiene el Estado peruano y eso es lo que corresponde que ocurra ojalá durante el año 2022”, puntualizó.

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