Tamara Taraciuk - Ideeleradio
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Rendición de cuentas

Ideeleradio.- No ha habido grandes avances en la justicia para las víctimas, la rendición de cuentas y la reforma policial, aspectos que pusimos sobre la mesa, tras las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado en las protestas de noviembre del 2020, sostuvo Tamara Taraciuk, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch.

“Lo que vemos en el Perú, si nos remontamos a lo anterior de estas manifestaciones, ya en el 2020 hubo incidentes de violencia, dos muertos y cientos de heridos. En ese momento, nosotros pusimos sobre la mesa la necesidad de una reforma policial seria y que haya rendición de cuentas y justicia para las víctimas. No ha habido grandes avances”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“La impunidad de ese momento es una cuestión estructural que es responsabilidad de los gobiernos desde entonces, que no lograron avanzar con eso. Creo que hay que entender esto en un contexto de análisis de todos los hechos que están ocurriendo para poder entender porque estos no son hechos aislados”, agregó.

No son hechos aislados

En otro momento, la directora en funciones para las Américas de HRW señaló que no son hechos aislados las muertes ocurridas durante las protestas sociales desde diciembre último.

“No es un hecho aislado [las muertes en las marchas]. No es una muerte en un lugar, son 49 personas [fallecidas], 39 [personas murieron] por armas de fuego que no deberían usarse, en varias localidades en lo largo y ancho del Perú, y todo esto ocurre por las mismas fuerzas de autoridad. Creo que no es una coincidencia”, refirió.

Taraciuk Broner subrayó, en ese sentido, que “aquí no estamos ante actos por agentes insubordinados”, sino que en el informe se concluye que se registraron “el mismo tipo de hechos en distintos lugares del país que son cometidos por las mismas fuerzas de seguridad durante un período de tiempo extendido”.

“Entonces, no es que se le fue la mano a un soldado o a un policía en un determinado lugar, sino que vemos que ha ocurrido el mismo patrón en distintos lugares y eso es lo que hace que esto nos preocupe tanto. Obviamente una sola muerte es de enorme preocupación y debe ser investigada, pero este patrón de ver lo mismo en distintos lugares a la misma vez y no un día cualquiera, sino a lo largo de un período extendido de tiempo es lo que genera esa sensación de patrón y de que esto no son hechos aislados”, manifestó.

“Yo creo que es muy difícil encontrar en este ámbito [de los hechos] una orden explícita [que haya emitido un gobierno] de salir a matar [a los manifestantes]. Yo he documentado abusos en Venezuela, que es una dictadura, en Nicaragua, que es una dictadura, y es difícil encontrar una orden explícita para mandar a matar a manifestantes. Lo que hay en el Derecho es un argumento de contexto”, explicó.

Análisis de omisión de medidas

Finalmente, remarcó que lo que corresponde es hacer un análisis de omisión de medidas que debían tomarse tanto para frenar y prevenir estos hechos como para investigarlos.

“Yo creo que, digamos, técnicamente es responsabilidad por omisiones, por no hacer lo que estaba a su alcance para frenar los hechos que se venían viendo, uno ve [que] en diciembre, ya había evidencia de que estas cosas estaban ocurriendo y no hubo una condena firme a lo que estaban haciendo las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas”, indicó.

“[No hubo] una orden directa de parar con la represión […] y, por el contrario, lo que hubo es una felicitación a cómo se estaban desarrollando los hechos, incluso hasta una promoción de quien fue ministro de Defensa en su momento. Entonces, creo que esa es la manera de analizarlo. Es un análisis de omisión de medidas que debían tomarse tanto para frenar y prevenir estos hechos como para investigarlos, que esa es la otra gran falla que ha ocurrido en el Perú con relación a estos abusos”, puntualizó.

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