Hilda Cosquinche Sandoval - Ideeleradio

Nuestra esperanza

Ideeleradio.- Nosotros venimos ante el Poder Judicial a exigir la titulación del territorio integral para la nacionalidad Siekopai, y esperamos que la justicia nos escuche, dijo Hilda Cosquinche Sandoval, madre indígena e integrante del pueblo Secoya.

Fue al comentar la importancia del territorio para el pueblo secoya, en el contexto de la demanda que, en el 2022, presentaron las comunidades secoyas —que incluyen San Martín de Porres, Mashunta y Vencedor— para exigir su derecho a que se les reconozca en totalidad la propiedad del mismo. La demanda es respaldada por los abogados del Instituto de Defensa Legal (IDL) y el trabajo técnico de Alianza Ceibo.

“Nosotros venimos desde muy lejos exigiendo el reconocimiento de un territorio integral. […] Hemos vivido y seguimos viviendo ahí en nuestro territorio. Por eso, nosotros venimos a exigir la titulación del territorio integral para la nacionalidad Siekopai”, señaló en diálogo con Ideeleradio.

“Allí es en donde nuestros ancestros, nuestros abuelos han vivido. Allí están enterrado sus cuerpos y nosotros, los nietos de ellos, seguimos viviendo y queremos seguir viviendo [ahí]. Por eso, llegamos hasta aquí para que la justicia escuche y nos determine las razones que nosotros estamos exigiendo. […] Nuestra esperanza es que la justicia nos dé a favor nuestro”, apuntó.

Cosquinche Sandoval remarcó, en ese sentido, que la titulación de territorio del pueblo Secoya les asegura que su descendencia tendrá un lugar para seguir viviendo y existiendo.

“Nosotros exigimos nuestros derechos. Nosotros creemos que la justicia pueda entender la importancia que nosotros como pueblos consideramos el territorio. Nosotros no estamos reclamando para nosotros, sino que pensamos para nuestra gente, para nuestra futura generación y solo mediante la entrega de un título de propiedad de manera integral nos garantizará la permanencia como Siekopai, como Secoya, durante mucho tiempo”, refirió.

Alimentos y medicinas naturales

Subrayó, asimismo, que para las secoyas es importante la titulación integral, porque el territorio les provee de toda clase de alimentos y medicinas naturales, que son utilizados de acuerdo a su cosmovisión y sus conocimientos tradicionales.

“Para nosotros es un mercado [porque] allí podemos encontrar carne, pescado, allí podemos encontrar diferentes especies para preparar nuestros jugos tradicionales. Allí también hay medicinas en donde nosotros, como mujeres, podemos recolectar y hacer uso de esas medicinas para diferentes enfermedades y eso es lo que nosotros queremos que se garantice a través de una entrega de títulos de propiedad integral para que nosotros como mujeres podamos seguir utilizando lo que nosotros siempre hemos venido utilizando”, indicó.

“Ser poseedor para mí es importante. Yo conozco y sé hasta actualmente cómo el territorio que antes era extenso [en el] que nuestros abuelos han vivido se ha ido reduciendo. Por eso, nosotros queremos un título de propiedad para nosotros para que nos garantice, así con esa garantía, no ser afectado si es que hay intereses ajenos a nuestra comunidad puedan intervenir sin que nosotros podemos autorizar”, anotó.

Como se recuerda, las comunidades piden al Poder Judicial que adecue la legislación nacional al derecho internacional tal como lo exige el artículo 14.2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece entregar a las comunidades, su territorio ancestral en propiedad, en el cual tiene origen y han usado y cuidado por más de 600 años.

En esta audiencia participaron Anselmo Sandoval, presidente de la Organización Secoya del Perú; Edison Sandoval, dirigente del territorio de la Organización Indígena de los Secoyas del Perú (Oispe); Hilda Cosquinche Sandoval, madre indígena; Roldan Ankutere, apu de la comunidad Vencedor Wajoya; Luisa Elvira Belaunde, antropóloga; Jorge Acero, asesor legal de Amazon Frontline; Fredy Espinoza, coordinador del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo (ILSA); y Maritza Quispe y Juan Carlos Ruiz, abogados del IDL.