Pedro Grández - Martín Vizcarra (Foto: Congreso)
Pedro Grández - Martín Vizcarra (Foto: Congreso)

 

Antes del 28 de julio

Ideeleradio.- Se tendrá que revisar la jurisprudencia nacional e internacional del Sistema Interamericano sobre el derecho a la participación política y seguir los estándares del debido proceso y respeto al principio de legalidad al analizar la inhabilitación del expresidente de la República, Martín Vizcarra, sostuvo el constitucionalista Pedro Grández.

Fue al considerar que habrá un debate judicial a la luz de la demanda de amparo que presentó la defensa de Vizcarra Cornejo, y al señalar que si antes del 28 de julio no hay una medida cautelar judicial, desde el punto de vista formal, la decisión del Congreso de la República será válida.

“Si es que antes del 28 de julio, el expresidente no logra una medida cautelar judicial, entonces esa decisión [inhabilitación] del Parlamento es soberana y válida, formalmente. Es formalmente válida porque ha seguido el procedimiento. Ahora hay que discutir si [es] constitucionalmente válida, y ese debate ya no es político, ese debate es judicial. Hoy día estamos en plena vigencia del modelo jurisdiccional de derecho”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Si hay una medida, entiendo que se ha interpuesto una acción de amparo, ese amparo va a tener que ser analizado en el marco jurídico ya no solo de la Constitución, [sino] de la Convención [Americana] y los desarrollos jurisprudenciales y pautas que ha dado el Sistema Interamericano”, acotó.

Como se sabe, el pleno del Parlamento decidirá este viernes 16 de abril si aprueba o no las denuncias constitucionales contra el expresidente Martín Vizcarra, las exministras Pilar Mazzetti (Salud) y Elizabeth Astete (Relaciones Exteriores) por el denominado caso ‘Vacunagate’.

Marco interamericano y nacional

Advirtió, además, que el Parlamento tendrá que sopesar el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) respecto a la constitucionalidad de una medida referida a la restricción de derechos a la participación política.

Recordó, también, que el TC ha señalado en una resolución que cuando hay imputaciones de orden penal, la inhabilitación solo ocurre luego de una sentencia.

“Entiendo que en paralelo están actuando las instancias judiciales. El Ministerio Público entiendo que está en una investigación que avanza en este tema [de Vizcarra] y ahí hay calificación jurídico penal; y en el estándar nuestro del TC en el caso Tineo Cabrera, explícitamente el TC dice que cuando hay imputaciones de orden penal, la inhabilitación solo ocurre luego de la sentencia penal”, explicó.

“O sea, cuando la imputación es de orden penal, y aquí este es el caso [en el tema de Martín Vizcarra], la inhabilitación ya no es inhabilitación política tiene que ser inhabilitación penal. Y allí hay otro problema. Todas estas cuestiones yo espero que el Congreso lo merite debidamente, porque se tienen que hacer las cosas bien”, apuntó.

Proclamación y credenciales

En otro momento, el constitucionalista indicó que por más que el Legislativo apruebe la inhabilitación del exmandatario este mecanismo no podría interferir en su proclamación y entrega de credenciales.

“El acto parlamentario no podría interferir en la proclamación y en la entrega de credenciales. Entonces, una de las cuestiones que va a tener que discutirse es en qué momento empieza a ejecutarse la decisión, si es que el Congreso avanza en esa dirección y toma la decisión de inhabilitarlo [a Martín Vizcarra]”, subrayó.

Grández Castro dijo que es muy probable que tras la entrega de las credenciales, en el contexto de una demanda de amparo que ha presentado la defensa del exmandatario, el caso podría terminar en una disputa judicial.

“Yo creo que el proceso electoral no puede ser interferido por actos de poderes extraños. Creo que el Jurado Nacional de Elecciones entregará la credencial y, luego, vendrá la disputa judicial”, puntualizó.

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