Gloria Cano - Ideeleradio
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Actuación fiscal

Ideeleradio.- El Ministerio Público debería trasladarse a las provincias para tomar las declaraciones de los familiares de los fallecidos y los heridos que se registraron durante las protestas contra el gobierno, entre diciembre 2022 y febrero 2023, planteó Gloria Cano, directora de la Asociación pro Derechos Humanos (Aprodeh).

Fue al referirse a las diligencias fiscales señaladas en la carpeta fiscal que contiene la investigación a la presidenta Dina Boluarte.

“En la carpeta fiscal de Dina Boluarte eso es lo que está sucediendo. O sea, han ampliado efectivamente el término de la investigación, pero lo han ampliado porque ha habido meses en que no ha habido absolutamente ninguna actuación fiscal, ninguna convocatoria a diligencia ni nada”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Entonces, ahora han señalado una serie de diligencias, más de 200 diligencias para que las personas acudan al despacho fiscal a declarar, y eso no es posible. O sea, la Fiscalía tiene que tomar las necesarias diligencias en los lugares. Si pretende que cada herido o cada deudo acuda al despacho fiscal no va a poder ser. O sea, va a ser infructuoso”, anotó.

Audiencia de la CIDH

Cano Legua cuestionó, en ese sentido, que la Fiscalía, a través de su representante ante la audiencia de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se desarrolló el 10 de noviembre, no haya mencionado esta situación.

“No se ha contestado para nada con respecto al requerimiento que tienen las víctimas de que, en el caso de la carpeta fiscal contra Dina Boluarte, les están pidiendo a cada una de las víctimas y heridos, que se trasladen a Lima, para declarar. Nosotros le hemos pedido a la Fiscalía que sea la Fiscalía la que se traslade a las provincias, a tomar las declaraciones, pero ellos dicen —y está por escrito— que por motivo su carga laboral no lo pueden hacer”, indicó.

“Entonces, recién ahí se ha habilitado la plataforma virtual, pero eso es en algunos casos. En muchos casos, la gente no vive ni siquiera en la ciudad, sino vive en el campo y no hay posibilidades de conectarse virtualmente. Entonces, son esas las realidades que nosotros le exigimos a la Fiscalía tomen en cuenta para una debida investigación. Y no lo hacen”, agregó.

La letrada subrayó que el Ministerio Público debe tomar las medidas del caso para que quienes tengan que declarar lo puedan hacer, pues incluso virtualmente se podrían generar problemas de conectividad.

“Los organismos de derechos humanos estamos representando en algunos casos, pero no en todos porque tampoco nos damos abasto. Entonces, tiene que tomarse algunas decisiones de parte de la Fiscalía para poder para poder permitir el acceso de esas personas que están en lugares muy remotos y que no van a poder ni siquiera viajar a declarar o no tienen acceso a la virtualidad para poder declarar. Esa es una tarea que tiene que tener la Fiscalía”, subrayó.

Traductores

La abogada de Aprodeh recordó, en otro momento, lo que dijo Dani Quispe, presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas y Agraviados de Apurímac, respecto a la necesidad de que el Ministerio Público cuente con traductores.

“El señor Dani Quispe fue claro en señalar que los familiares muchas veces la mayoría, por ejemplo, en Andahuaylas, son quechua hablantes; en Puno, también son entre quechuas, aimaras, y se les viene y se les quiere interrogar en castellano y las señoras no entienden”, mencionó.

“Entonces, en Andahuaylas se han frustrado hasta tres diligencias porque la Fiscalía de la Nación en la carpeta fiscal de Dina Boluarte no hizo ninguna previsión, a pesar de haberle dicho de que tenían que llevar traductores o que tenían que programar traductores precisamente para llevarse a cabo las diligencias. No lo hicieron”, precisó.

Salud mental

Recalcó, también, la necesidad de que los deudos reciban atención en salud mental a raíz de las pérdidas de sus seres queridos y las lesiones que han recibido aquellos que participaron de las movilizaciones y están en calidad de agraviados.

“Entonces, la exigencia de ellos es que se les escuche en su idioma, en el idioma que ellos pueden decir qué es lo que ocurrió, pero también —como dijo el señor Dani— ellos se sienten devastados con el dolor y no tienen todavía de parte del Estado ningún acercamiento a la salud mental”, sostuvo.

“La fiscal dice: nosotros vamos a la diligencia con psicólogos. O sea, ¿eso es salud mental? Tiene que haber una persona en la localidad ahí, ocupándose de la salud mental de las personas, no para que acompañe a la fiscal a una diligencia y que después se retire. Eso no es salud mental, señora fiscal”, enfatizó.

Sin atención en salud

Finalmente, la directora de Aprodeh hizo hincapié en el testimonio de Nelson Oré Espinoza, uno de los heridos durante la protesta en Ayacucho, quien mencionó casos de personas en grave estado de salud y que no están recibiendo una pertinente atención médica por parte del Estado.

“Lo otro también que es bastante delicado es la situación de los heridos. Nelson Oré estuvo ahí, él —como él mismo ha señalado— es un sobreviviente de lo que ocurrió en Ayacucho, y describió varias situaciones graves de personas heridas que han quedado con seria discapacidad, no solamente producto de la lesión que tuvieron, de la herida que ocasionó la represión policial, sino muchas veces también del tratamiento que se les ha dado, como el caso del señor Lapa, que hemos visto la radiografía, le han quitado casi todo el peroné para hacerle un injerto de hueso en el rostro y lo han dejado con una discapacidad. Entonces, ya no puede movilizarse”, relató.

“Hay otras personas que están en cama, todavía con los proyectiles alojados. Entonces, no hay una salida médica. Se les dice que tienen que trasladarse a Lima. Ellos tienen que trasladarse a Lima para ver qué posibilidades hay de tratamiento, y por eso la exigencia de parte de las personas que son heridas de una especie de junta médica especializada de alta especialidad para determinar una reevaluación y una hoja de recuperación o de tratamiento que requiera cada uno de los heridos. Y de eso no se dijo nada, se dijo simplemente que cada quien podía ir y que estaban las puertas abiertas del Ministerio de Salud”, lamentó.

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