Giovanna Larco (Foto: Ideeleradio)
Giovanna Larco (Foto: Ideeleradio)

Insuficiencias de todo tipo

Ideeleradio.- Los recursos y el número de inspectores son insuficientes para una fiscalización laboral que permita hacer valer los derechos mínimos de los trabajadores y las trabajadoras, opinó Giovanna Larco, presidenta ejecutiva del Programa Laboral de Desarrollo (Plades).

“El presupuesto expresa el esfuerzo necesario, es decir, cuando hay una voluntad política, esa voluntad política se expresa en más presupuesto. […] Entonces, tenemos insuficiencias de todo tipo, no solo número de inspectores, sino que estos inspectores tienen que tener los recursos para poder actuar”, manifestó en conversación con Ideeleradio.

“Entonces, por todos lados tenemos esas insuficiencias y eso es expresión también de la importancia que tiene para el gobierno peruano fiscalizar realmente;  y eso [pasa] cuando  hablamos de los sectores, digamos, de las grandes empresas. Si nos vamos hacia las micros, las pequeñas empresas donde el trabajo es un trabajo no formal, los problemas se multiplican por diez. Entonces, de verdad que estamos en una situación bastante delicada”, refirió.

En el contexto de la campaña “Sin derechos no hay democracia, sin democracia no hay derechos“, la presidenta ejecutiva de Plades mencionó que no se trata de que haya malos inspectores o que estos no estén capacitados, sino que el Estado no destina los recursos presupuestales para cumplir cabalmente con la fiscalización.

Conocer sus derechos

Larco Drouilly explicó, en ese contexto, que es importante que quienes trabajan puedan ejercer la libertad sindical, como una forma de conocer cuáles son sus derechos y de buscar que estos sean garantizados, pues esa protección no viene del Estado.

“Es tremendo en este país, la sindicalización es tan baja. El Estado por sí no es capaz de difundir cuáles son los derechos, que hay casos incontables, no sé si miles de, por ejemplo, mujeres embarazadas que pierden el trabajo que no se les renueva su contrato y que no tienen ni idea de cuáles son sus derechos, de cuál es la protección, que la ley las protege por el mismo hecho de ser trabajadoras y estar en una condición de embarazo”, refirió.

“No conocen [sus derechos]; entonces las despiden y se van. Y cuando uno les dice ustedes están protegidas, es como si uno les abriera un mundo. Entonces, efectivamente, cuando existe una organización sindical, inmediatamente hay una protección. Una protección que no viene desde el Estado, porque actuar los mecanismos públicos existentes […] son extremadamente insuficientes para cubrir realmente las necesidades de hacer valer los derechos mínimos a los que tienen derecho los trabajadores y las trabajadoras”, agregó.

Remarcó que la capacidad del Estado para fiscalizar es muy limitada, y que actualmente es una minoría el número de empresas que cumplen, por ejemplo, con la norma referida a la protección laboral para mujeres gestantes y madres lactantes.

“Infinidad de empresas, más bien es una minoría de empresas las que cumplen esta norma. La gran mayoría no las implementa y la capacidad del Estado para fiscalizar es muy limitada. No es que no se hagan esfuerzos, no es que en algo no se haya mejorado, es que aún es muy insuficiente”, aseveró.

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