Ideeleradio.- Hay que dar seguridad a la Contraloría de la República para poder hacer un buen plan para la reconstrucción del país, afirmó el congresista de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta.

Fue al comentar las declaraciones del contralor general de la República, Edgar Alarcón, quien manifestó que el proyecto de ley que dicta medidas para la reconstrucción afectaría la “autonomía e independencia” de la institución, al imponer que este sea de carácter vinculante en la etapa del control simultáneo.

“Creo que si él [el contralor] tiene alguna duda, entonces, hay que revisar la Constitución y se va a dar cuenta claramente que una ley no puede modificar la Constitución. Yo creo que hay que darle la seguridad que necesita la Contraloría para poder hacer un buen plan de reconstrucción”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Lo peor que nos puede ocurrir es que después de estar viviendo estos escándalos que se está viendo a raíz del caso Lava Jato, que no tomemos las previsiones del caso y que no aprendamos de estas lecciones que nos están dejando estas situaciones”, argumentó.

El legislador oficialista sostuvo que si el contralor de la República cree que se tiene que corregir algún elemento en materia del plan para la reconstrucción del país, será conforme a ley.

“Si la Contraloría cree que tiene que intervenir, pues que lo haga. Yo siempre he cuestionado porque la Contraloría tiene la famosa lógica de la intervención ex post. Es decir, la Contraloría mira, observa el proceso, pero no opina, hasta que termina una adjudicación o una licitación. Solo cuando termina hace una evaluación de todo el proceso anterior”, indicó.

“La pregunta es: ¿por qué la Contraloría no puede intervenir en cada acto?”, señaló.

Violeta López dijo finalmente que si bien la Contraloría de la República debe hacerse presente en todos los procesos, se debe establecer la responsabilidad del funcionario que participa.

“Lo que no debería ocurrir es que un funcionario de la Contraloría participe a lo largo del proceso, da su aprobación a cada acto del proceso, y, luego, cuando termina la licitación, ese mismo funcionario vuelve a recibir el proceso y dice que ha habido una irregularidad”, argumentó.

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