Diego García Sayán - Ideeleradio
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Se transmitirá al Estado

Ideeleradio.- La simple acusación de alguien que se siente afectado por una alegada persecución política no es suficiente para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haga una valoración, sostuvo Diego García-Sayán, relator especial sobre la independencia de jueces y abogados de las Naciones Unidas, tras adelantar que dicho organismo recogerá también la opinión del Estado.

“La simple acusación de alguien que se siente afectado por una alegada persecución política no es suficiente, porque lo que hace la CIDH es transmitir esa información al Estado, para que el Estado exprese sus valoraciones y apreciaciones al respecto, que es lo que la CIDH tendrá que hacer en los próximos días”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“La CIDH, por lo general, no califica regímenes políticos, tiene que calificar situaciones, hechos concretos, y cada día está más presente en las valoraciones que se hacen en los organismos internacionales de derechos humanos el tema de la corrupción”, acotó.

No hay copamiento

En otro momento, el exministro de Justicia desestimó que haya en el Poder Ejecutivo un afán de copamiento en el sistema de justicia cuando el presidente Martín Vizcarra cuestiona el desempeño del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

“El presidente tiene una serie de obligaciones y la principal es hacer respetar la Constitución, y si a juicio del jefe de Estado, hay cuestionamientos al fiscal de la Nación o hay una distorsión de la verdad, no es un tema ideológico o político, [aquí] hay no solo el derecho, sino la obligación [del presidente] en hacer notar esa contradicción, por lo que no creo que haya ahí un afán de copamiento”, refirió.

García-Sayán Larrabure dijo que será difícil que la CIDH se pronuncie al respecto sin tomar conocimiento de todo el contexto en que vive el Perú.

“De manera que cada vez es más difícil que un organismo de derechos humanos disocie su análisis de determinados hecho, de un contexto, que es en este caso indudablemente un contexto de enfrentamiento a la corrupción”, acotó.

Finalmente, adelantó que como relator especial sobre la independencia de jueces y abogados ha pedido que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción sea considerada un tratado internacional de derechos humanos.

“Yo mismo como relator de Naciones Unidas, antes de que estallara todo escándalo en el Perú, he planteado que la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción es un tratado de derechos humanos, porque tiene que ver con un aspecto central que erosiona los derechos humanos, porque priva a la sociedad de recursos, porque afecta la independencia judicial por la corrupción y la coacción”, concluyó.

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