Diego García Sayán - Ideeleradio
Diego García Sayán - Ideeleradio

Ideeleradio.- Los casos de ejecuciones extrajudiciales deben ser objetivamente investigados y sancionados con rapidez y el Estado tiene que establecer mecanismos de prevención para evitar hechos futuros, planteó Diego García Sayán, exministro de Justicia y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

“Todos los demócratas tienen que coincidir en que estos hechos tienen que ser profunda y objetivamente investigados y los responsables sometidos con rapidez a la justicia para que apliquen las sanciones necesarias”, declaró en el programa No Hay Derecho e Ideeleradio.

“Lo segundo es cómo prevenir que esto se repita en el futuro, porque puede haberse producido este tipo de hechos criminales incentivados por algunos beneficios que pueden recibir en su hoja de servicios o de beneficios económicos”, acotó.

García Sayán Larrabure recordó que algo parecido ocurrió en Colombia con los llamados ‘falsos positivos’, en donde los efectivos del Ejército cumplían sus cuotas entregando cadáveres de supuestos miembros de la FARC, que después de las investigaciones se revelaron que no pertenecían a ese grupo terrorista.

Sin cuotas ni premios

El exministro comentó que es importante establecer mecanismos preventivos que aseguren que estas ejecuciones extrajudiciales no se repetirán en el futuro. En ese sentido, planteó realizar una labor de Inteligencia contra el crimen y que se deje de entregar incentivos que podrían deformar la función policial.

“Primero que no haya cuotas o premios que puedan prestarse a ese tipo de manipulaciones y actos homicidas, y segundo que se afinen los mecanismos de inteligencia e información para que aquellos policías sanos, que son la mayoría  y que quieren acabar con el crimen, no se vean nunca tentados de hacer algo parecido, frustrados porque el delincuente detenido es liberado por la Fiscalía, que es lo que uno siempre escucha entre efectivos de la Policía”, señaló.

Diálogo PNP-Fiscalía

El exministro dijo que se debe educar a la sociedad, no necesariamente con discursos, sino con sistemas eficientes de prevención de seguridad para enfrentar el crimen dentro del marco de la ley. Subrayó la necesidad de que haya un diálogo entre la Policía y la Fiscalía para que se presenten pruebas sólidas en la lucha contra la delincuencia.

“Y esto que no tiene solución fácil, pero sí se puede enfrentar con una política pública que afine una coordinación muy efectiva, no burocrática, sino sustantiva de mentes entre fiscales y policías, de manera que la noción que pueda tener como fiscal de lo que constituye una prueba para incriminar una persona no sea distinta de la que tiene un policía”, refirió.

“Debe haber un diálogo positivo, en donde la identidad de la Policía y de la Fiscalía se mantenga, pero que haya una comunicación sustantiva que en este momento no existe. Esto de la política pública no requería de una ley para hacerlo, pero con una conducción adecuada, desde el lado policial y del Ministerio Público, es algo que podría arrojar resultados muy positivos en el corto plazo”, indicó.