Francisco Quintana - Ideeleradio
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América Latina y el Caribe

Ideeleradio.- La criminalización de los defensores de los derechos humanos y la persecución a las organizaciones que buscan salvaguardar ese principio fundamental son los principales problemas por el que atraviesa el sistema en varios países de la región, señalaron expertos de México, Honduras y Bolivia.

Francisco Quintana, director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de Cejil, dijo que los gobiernos crean figuras jurídicas, como invasión de territorio o denuncias de calumnias e injurias, y que muchas veces los Estados optan por marcos legales que restringen el financiamiento, que es fundamental para las organizaciones de la sociedad civil.

“Aquí en el Perú lo hemos visto  este tipo de problemas y en Ecuador se ha llegado hasta el punto de cerrar organizaciones por no estar de acuerdo con los parámetros que esa legislación ha implementado”, comentó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio

Honduras

Por su parte, Miriam Suazo, miembro de Diaconía Honduras, informó que en su país entre el 2010 y el 2016 se han registrado casi 3600 casos de defensores de derechos humanos criminalizados, de las cuales 10 están presos. Lamentó que en Honduras, el Gobierno haya creado una organización con el objetivo de controlar a las asociaciones de derechos humanos.

“Se crean leyes para criminalizar no solo la protesta social, sino también a las organizaciones que acompañan a los defensores y defensoras a través de la Ursac (Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles) que es donde se rinden informes, para controlar el quehacer político”, puntualizó.

Bolivia

Paulo Bustíos, integrante de la Comunidad de Derechos Humanos de Bolivia, también expresó su preocupación por la situación de los activistas que defienden derechos humanos. Comentó que en el país altiplánico se les estigmatiza como instigadores de las protestas.

Agregó que pese a que en su país se evidencia un gran avance normativo en materia de derechos humanos, aún existen grandes restricciones para la labor de los defensores de derechos humanos.

“Tenemos una ley de ONG que obliga a que los financiamientos tengan que alinearse necesariamente en las políticas de desarrollo del Estado y cuando no son así, son sujetas de disolución inmediata”, expresó.

Los tres defensores de derechos humanos coincidieron en señalar que la protección de los defensores de derechos humanos debe ser incluida como una política de Estado en todos los países de la región y evitar la criminalización de las asociaciones civiles.