Cruz Silva - Parlamento (Foto: Congreso)
Cruz Silva - Parlamento (Foto: Congreso)

 

No hay zonas exentas de control

Ideeleradio.- El Congreso de la República, al igual que cualquier otro poder constituido u organismo autónomo, es fiscalizable y no está exento del control constitucional, sostuvo  Cruz Silva, coordinadora del Área Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Fue al considerar que la medida cautelar emitida por la jueza del Tercer Juzgado Constitucional de Lima, que dispuso la suspensión temporal del proceso de elección de miembros del Tribunal Constitucional, ha cautelado el respeto a la Constitución.

“Los parlamentos al igual que cualquier otro poder constituido y al igual que cualquier otro organismo autónomo —como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público— son fiscalizables. En eso consiste en estar en una democracia. No hay zonas exentas de control”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“El problema es que el Congreso ha creído —a partir de una concepción monárquica, antiquísima, ya superada por los principios democráticos y de protección de los derechos fundamentales— que ellos siguen sin poder ser fiscalizados. Y lo que ha dicho la jueza en este momento —salvando las distancias— ha sido empujar el respeto a la Constitución y a las leyes”, subrayó.

Controlar el descontrol

En ese sentido, la abogada del IDL señaló que lo que hizo la jueza del Tercer Juzgado Constitucional de Lima al aprobar la medida cautelar es “controlar el descontrol” del Parlamento.

“Lo que ha hecho la jueza titular del Juzgado Constitucional ha sido controlar el descontrol del Parlamento y, en efecto, no le niega la competencia, al contrario la subraya, pero sí le indica que esta tiene que hacerse de acuerdo a la Constitución y la ley, […] pero la reacción del Parlamento ha sido esta, desconociendo la división de poderes y desconociendo el rol del Poder Judicial”, acotó.

Como se recuerda, días atrás el Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió ordenar al Parlamento la suspensión provisional de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, que estuvo programada para el 7 y 8 de julio del 2021.

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