Paulo Abrão - Ideeleradio
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Diagnóstico regional

Ideeleradio.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaborará un informe sobre corrupción y su implicancia en el ejercicio de los derechos humanos, anunció Paulo Abrão, secretario ejecutivo de dicho organismo supranacional.

“La CIDH decidió elaborar un informe sobre corrupción y derechos humanos. Esa decisión está fundamentada en que publicaron hace dos o tres meses una resolución que fue el primer documento público estructurado de la CIDH que tiene carácter de fundamental, donde están los vínculos entre estas dos agendas tan importantes, pero también identificar los impactos que la corrupción tiene hoy en el ejercicio y efectividad de los derechos humanos”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Para la CIDH, a partir de esas reflexiones, [es necesario] establecer un diagnóstico regional sobre lo que pasa, y cómo eso está afectando la situación general de los derechos humanos, nos ayudará a conseguir alagunas recomendaciones dirigidas a los estados sobre cómo manejar e incluir un abordaje y una dimensión de los derechos humamos en las acciones y la lucha anticorrupción”, puntualizó.

Institucionalidad y transparencia

Precisó que la CIDH realizará un abordaje y una lectura integral del tema, tras recordar que hace tiempo ya algunos de los informes de ese organismo han remarcado que los actos de corrupción han afectado la institucionalidad democrática, el derecho a la transparencia pública y el acceso a la información.

“Nosotros hemos hecho un informe sobre pobreza y derechos humamos que establece las condiciones en las cuales la discriminación al uso de los servicios públicos, afectados por la corrupción, por el desvío de los recursos públicos, genera una ausencia de efectividad de políticas públicas para los derechos económicos sociales, culturales y ambientales”, recordó.

“Entonces no estaremos enfocados en un tema específico ni una cuestión específica, porque cada vez más se verifica que la corrupción es sistémica, que esta está presente en nuestra sociedad y nuestras instituciones hace mucho tiempo, y que la respuesta para su enfrentamiento tiene que tener claro que a cada acto de corrupción corresponde una violación de derechos humanos”, aseveró.

Dijo, en ese sentido, que es necesaria una respuesta de los estados que pueda coordinar elementos administrativos, tecnológicos y legislativos para alcanzar un conjunto de acciones sostenibles que pueda apuntar a ejercer su derecho a una sociedad libre de corrupción.

La población afectada

Refirió, finalmente, que la dimensión de los derechos humanos en la lucha contra la corrupción requiere una atención especial a las víctimas de violación de derechos individuales, pero también colectivos. Planteó, por ello, que los recursos recuperados judicialmente deben ser invertidos específicamente en las poblaciones que resultaron afectadas por un determinado caso de corrupción.

“Por ejemplo, cuando se genera procedimientos de estrangulamiento financiero o búsqueda de fondos públicos que fueron depositados en paraísos fiscales y se hace toda la recuperación ilícitos, buena parte de esos recursos recuperados no tienen una destinación específica”, declaró.

“Nosotros defendemos que los recursos recuperados y desviados del sector público deben dirigirse exactamente para las poblaciones o sectores o grupos más afectados por los actos que desviaron nuestros recursos de sus finalidades principales. Tenemos la certeza de que las acciones de corrupción afectan muy especialmente las poblaciones más vulnerables, son aquellas que dejan de tener los beneficios de servicios públicos que no son prestados a toda la sociedad”, remarcó.

Estas declaraciones las ofreció al término del Seminario Internacional Los sistemas de justicia frente a la corrupción: Desafíos de América Latina, realizado en Lima el último 12 de abril.

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