César Bazán - Ideeleradio
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Hay amenazas reales

Ideeleradio.- Esperamos que la judicatura en Puno avance en la protección del derecho a la protesta, pues hay amenazas reales y una crisis de ejercicio de derechos fundamentales, sostuvo César Bazán, abogado integrante del Área de Pueblos Indígenas del IDL, al referirse a la demanda de amparo que dos dirigentes sociales presentaron el 17 de julio.

“Hay una demanda de amparo que la ha presentado concretamente un dirigente en Puno, Félix Suasaca y un dirigente en Cusco [Salvador Merma] para decir que se está vulnerando el derecho a la protesta y que hay amenazas reales de vulneración al derecho a la protesta. Esto se ha presentado en Puno, con la asesoría de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), Dhuma, el IDL y un grupo de abogados voluntarios de Lima”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Eso se presentó el 17 de julio, un poco antes de la última movilización [en Lima] y esperamos que en Puno la judicatura avance también en la protección de los derechos fundamentales. Puno ha sido una de las regiones más golpeadas por la criminalización de la protesta y por la represión abusiva. Entonces, en esa región es mucho más palpable la situación de crisis democrática y crisis de ejercicio de derechos fundamentales que estamos viviendo”, refirió.

Se busca impedir el derecho de protesta

El abogado del IDL señaló que en nuestro país hay una sistematicidad en la vulneración al derecho a la protesta. Indicó que no es casualidad que haya una vulneración interinstitucional para impedir a la ciudadanía ejercer ese derecho.

“Esa es una demanda extensa que demuestra, en primer lugar, que hay sistematicidad en la vulneración del derecho a la protesta. ¿Qué significa esto? Significa que no es una casualidad que los policías utilicen de manera indebida la fuerza, no es una casualidad que haya un discurso criminalizador contra los manifestantes y no es casualidad tampoco que haya un paquete normativo que prohíbe marchar en el centro de Lima y en Miraflores, y que hayan subido las penas para los delitos que se cometen en las manifestaciones”, subrayó.

“Nada de eso es casualidad, es sistemático. Y no solamente sistemático, sino interinstitucional, que es el Ministerio de Interior, la Policía, pero también es la Fiscalía, el Poder Judicial, la Presidencia de la República y diferentes actores, instituciones del Estado, las que están generando esta vulneración sistemática”, acotó.

Como se recuerda, en la primera quincena de julio, Félix Suasaca, secretario general de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y otras Sustancias Químicas Tóxicas, y Salvador Merma, secretario general de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco (FDCC), presentaron una demanda de amparo ante el Juzgado especializado en lo civil de la Corte Superior de Puno. Suscriben la demanda las y los abogados del Instituto de Defensa Legal (IDL), Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF), Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) y un grupo de abogados y abogadas independientes.

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