Tamara Taraciuk - Ideeleradio
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El fondo de la investigación

Ideeleradio.- Se tiene que avanzar para lograr que las víctimas tengan acceso a la justicia y los culpables sean sancionados, sostuvo Tamara Taraciuk, directora en funciones de Human Rights Watch para las Américas, tras considerar que hay una responsabilidad penal y política que tiene que investigarse.

Fue al ser consultada por los procedimientos ante el Congreso que permiten o no la investigación de ex altos funcionarios, en el contexto del caso de las movilizaciones del 14 de noviembre, y la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado

“Esto es una cuestión de cómo están armadas las estructuras en cada uno de los países, y eso va variando. En el Perú, procesar a ex altas autoridades requiere aprobación del Congreso y ese es el proceso que se está llevando y no es extraordinario. Hay otros países del mundo donde también se requiere alguna autorización”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“El problema acá yo creo que es separar lo que se trata de la investigación de la presunta responsabilidad de los altos funcionarios con los hechos. O sea, la justicia no tiene que estar sujeta a intereses políticos. La justicia tiene que avanzar para lograr que las víctimas tengan acceso a la justicia y los responsables sean llevados ante la justicia”, indicó.

La directora en funciones de Human Rights Watch para las Américas subrayó, en ese sentido, que hay una responsabilidad penal que tiene que investigarse y una responsabilidad política que debe señalarse.

“Entonces, tenemos esta cuestión institucional, digamos estructural, que es un proceso que hay que llevar, que puede ser preocupante desde un punto de vista político por la injerencia que puede generar en el Poder Judicial en cuanto a [permitir o no investigar a] los altos funcionarios, pero eso no debería desvirtuar del fondo de la investigación en sí que debería avanzar de cualquier forma”, apuntó.

“Nosotros no hicimos un análisis sobre la responsabilidad penal de [Manuel] Merino en nuestro informe, pero no hay ninguna duda que los abusos comenzaron a ocurrir a comienzos de noviembre del 2020, [los hechos] salieron en la prensa; y quienes estaban en el poder en ese momento de mínima no hicieron nada por detenerlos, de hecho, felicitaron a la Policía. Entonces, hay una responsabilidad penal que tiene que investigarse por los caminos que corresponde institucionalmente, pero también hay una responsabilidad política”, acotó.

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