Carlos Rivera - Congreso (Fotos: Ideeleradio - Congreso)
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Un mamarracho jurídico

Ideeleradio.- La denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por supuesta traición a la patria es un “mamarracho jurídico”, un verdadero despropósito, y los congresistas que lo están sustentando me parece que han superado todo sentido del ridículo, opinó Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del IDL.

“Me parece que es un verdadero despropósito. Me parece que la única forma de calificarlo creo que es un mamarracho jurídico, y el Congreso y los congresistas que están sustentando ese pedido me parece que han superado todo sentido del ridículo, porque, en realidad, […] pensé que iban a inhibirse de sostener semejantes disparates en el seno de un poder del Estado, pero lo están haciendo”, señaló en Ideeleradio.

“Y, por lo tanto, creo que hay que analizar los actos del Congreso ya en otra dimensión. Están dispuestos a hacer cualquier cosa, inclusive un acto ilegal como este, que al final de cuentas no sé qué decisión puedan tomar”, agregó.

Ignorancia casi supina

Rivera Paz consideró que el Parlamento ha dado muchas muestras de su incompetencia y de su desconocimiento respecto de los procedimientos constitucionales. Opinó que una denuncia contra el mandatario por un supuesto delito de traición a la patria supera cualquier desbarajuste que haya cometido el Legislativo.

“Este Congreso de la República nos ha dado muchas muestras de su incompetencia, de su desconocimiento y de la ignorancia casi supina que tiene de los procedimientos constitucionales y en el marco legal y constitucional, pero creo que el hecho de desarrollar una supuesta acusación al presidente en mérito a un supuesto delito de traición a la patria me parece que supera cualquier desbarajuste que haya cometido el Congreso de la República sobre la legalidad”, expresó.

Otra naturaleza

Enfatizó, del mismo modo, que la declaración en una entrevista periodística bajo ninguna circunstancia podría llevar a un funcionario público a incurrir en un acto de presunta traición a la patria, figura penal que tiene otra naturaleza.

“Es evidente que el delito de traición a la patria tiene otra naturaleza, tiene otro tipo de elementos que lo componen y ayudan a definir como un acto contrario a los intereses nacionales. Por lo tanto, la declaración en una entrevista periodística bajo ninguna circunstancia podría hacer incurrir a un funcionario público en un acto de traición a la patria”, precisó.

“Más aún si es que se tiene los antecedentes de que dos presidentes de la República, Alan García y Alberto Fujimori, no solamente declararon, sino que concedieron parte de nuestro mar a la hermana República de Bolivia y ahí en realidad nadie se encrispó, nadie se jaló los pelos y nadie dijo que ni García y Fujimori estaban cometiendo delito de traición a la patria”, apuntó.

Confianza y victimización

El coordinador del Área Legal del IDL remarcó que si la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprueba esta denuncia constitucional disminuirá la confianza ciudadana en el Parlamento y se reforzará la estrategia de victimización del mandatario.

“Creo que va a ocurrir dos cosas. Uno que va a generar un nuevo ridículo contra el propio Congreso de la República y, obviamente, eso tendrá como consecuencia un desmejoramiento de su ya desmejorada confianza ciudadana. Y lo segundo es que creo que le termina haciendo un favor a Pedro Castillo porque Pedro Castillo viene desarrollando una estrategia de victimización y es evidente que una imputación de un delito que él no ha cometido y que creo que cualquier abogado y estudiante de derecho más o menos ilustrado va a coincidir con la defensa del presidente”, indicó.

“No hay delito de traición a la patria y, por lo tanto, lo único que se va a terminar generando es un hecho que va a terminar siendo favorable a la defensa del presidente de la República ante cualquier fuero internacional o ante cualquier institución que haga un balance elemental de la relación tirante que tiene el Congreso con el presidente de la República”, puntualizó.

La legalidad y constitucionalidad

Finalmente, subrayó que señalar la improcedencia de esta denuncia constitucional por supuesta traición a la patria no significa un acto de defensa del presidente, sino señalar la importancia de la legalidad, la constitucionalidad y la institucionalidad.

“Me parece que este una decisión de esa naturaleza yo me imagino que automáticamente tendría que ser recusada e impugnada a través de algún tipo de proceso constitucional por la defensa de Pedro Castillo, y no sé si los actuales integrantes del Congreso o del Tribunal Constitucional, que han sido designados por este Congreso, van a permitir una suerte de vulneración de derechos fundamentales tan grosera y tan vulgar como la que se está perpetrando”, afirmó.

“Esto definitivamente no podría significar un acto de defensa de Castillo, simplemente significa un acto de defensa de la legalidad de la constitucionalidad y de la institucionalidad de un poder del Estado, que no puede estar sometido a la actuación absolutamente ilegal y fuera de la Constitución de quienes ahora están empujando una acusación de las características como esta que se está haciendo contra Pedro Castillo por el supuesto delito de la patria”, agregó.

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