Carlos Rivera - Ideeleradio
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Es un disparate

Ideeleradio.- La denuncia de Fuerza Popular contra los fiscales José Domingo Pérez, Rafael Vela y Pablo Sánchez, el periodista Gustavo Gorriti y otras personas es un mamarracho y un disparate que se va a terminar cayendo, enfatizó Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Yo he dicho que es un mamarracho, porque me parece que esa es la única calificación posible para un documento firmado por cuatro abogados liderados por el ex procurador anticorrupción Christian Salas Beteta, que hasta cierto punto podríamos decir es un abogado reconocido, pero del contenido del documento me parece que cualquier estudio serio lo tiraría al tacho de la basura”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Rivera Paz subrayó que esta denuncia es un disparate y que terminará siendo archivada, porque no tiene ni pies ni cabeza. Apuntó que una vez que esto ocurra, se tomarán medidas y acciones legales contra estas personas que han pretendido generar eventos de naturaleza política.

“[Vamos a enfrentarla] con la certeza de que seguramente más temprano que tarde este disparate de denuncia se va a terminar cayendo, se va a archivar y ahí tomaremos las medidas y acciones legales contra estas personas que han pretendido generar eventos de naturaleza política, a partir de una instrumentalización del Ministerio Público”, señaló.

Buscan manchar

El coordinador del Área Legal del IDL subrayó que lo que ha pretendido Fuerza Popular con esta denuncia es “colocar un instrumento político dentro del Ministerio Público” para manchar e intentar desprestigiar a los fiscales, a Gustavo Gorriti, y al Instituto de Defensa Legal, al que incluyen como persona jurídica. Indicó que es difícil darle seriedad a un documento de esa naturaleza.

“En realidad, terminado de leer las cerca de 60 páginas, no tengo ninguna duda de que lo que ha pretendido Fuerza Popular y, en buena cuenta, Keiko Fujimori es colocar un instrumento político dentro del Ministerio Público para decir que los fiscales —sobre los cuales, además, ha hecho otras dos acciones de carácter legal, tanto en la Junta Nacional de Justicia y en la Fiscalía de la Nación— que el periodista que hizo las mayores revelaciones sobre el caso Lava Jato y otras personas absolutamente desconectadas están tan manchadas como ellos”, subrayó.

“¿Cuáles son las pruebas que sostienen esta semejante denuncia? Bueno, básicamente son el programa de Milagros Leiva. O sea, Milagros Leiva elevada a la categoría de evidencia de carácter penal; un programa de Phillip Butters; también Expreso, no podía ser más; una entrevista de Yeni Vilcatoma, imagínate, y un tuit de Vladimir Cerrón. Esas son las evidencias. Es difícil, pues, darle seriedad a un documento de esa naturaleza”, precisó.

Las características legales

Rivera Paz sostuvo que resulta bastante complicado encontrar en ese documento de Fuerza Popular las características legales que debe tener una denuncia por presunta organización criminal, ya que en este tipo de casos la norma es más exigente en términos de la necesaria evidencia que se debe de presentar.

“No solamente basta decir: acá hay un grupo de personas, digo que han tenido un objetivo político y, por lo tanto, son una organización criminal. Ahí en realidad, yo creo que la imaginación del estudio de Christian Salas se terminó, porque en realidad, seguramente, ya no podían seguir inventando más cosas”, refirió.

“Esa denuncia ha sido presentada el día 20 de febrero pasado a la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación. En el mismo día, la Fiscalía de la Nación ha derivado este caso al Área de Enriquecimiento Ilícito de Denuncias Constitucionales que dirige el fiscal Luis Germaná y estamos ahí a la espera de que se tome alguna decisión. Obviamente con la tranquilidad suficiente de saber responder en términos absolutamente claros y contundentes a una denuncia tan disparatada como esta”, puntualizó.

Múltiple jurisprudencia

El abogado remarcó, finalmente, que existe múltiple jurisprudencia y pronunciamientos del Ministerio Público que dan cuenta de que una denuncia o investigación por presunta organización criminal necesita contar con determinados estándares mínimos, doctrinarios, jurisprudenciales y legales.

“Es cierto que la decisión la toma el Ministerio Público y en este caso el jefe del Área de Enriquecimiento Ilícito que es el fiscal Luis Germaná, pero también es cierto que hay múltiple jurisprudencia y múltiples pronunciamientos del propio Ministerio Público que dan cuenta de que una denuncia o una investigación por una investigación por organización criminal, digamos no es cualquier cosa y necesita contar con determinados estándares mínimos”, recalcó.

“Esos elementos no solamente doctrinarios, sino jurisprudenciales y legales vinculan al Ministerio Público. El Ministerio Público no podría abrir una investigación de esta naturaleza simplemente, porque alguien la presenta [la denuncia], más aún si es que ese alguien es una persona jurídica que sí está investigada, que sí es parte de una acusación fiscal, que sí va a ser parte de un juicio que comienza el 1 de julio y que es parte de todo un escándalo político y judicial, a partir de las declaraciones del señor Jaime Villanueva”, añadió.

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